Vox llevaba meses advirtiendo al PP de que, si no se incluía expresamente su “prioridad nacional” en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, no los apoyaría. Este miércoles, la formación de extrema derecha ha impuesto su exigencia y el pleno de Les Corts ha aprobado las cuentas de 33.305 millones de euros del Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, que incluyen la polémica expresión en varias partidas relativas a ayudas sociales y de acceso a la vivienda.
Las cuentas de la Generalitat, presidida por Juanfran Pérez Llorca, salen adelante con los votos de los populares y de la formación de extrema derecha
Vox llevaba meses advirtiendo al PP: si no se incluye expresamente su “prioridad nacional” en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, no los apoyará. Este miércoles, la formación de extrema derecha ha impuesto su exigencia y el pleno de Les Corts ha aprobado las cuentas de 33.305 millones de euros del Consell, presidido por Juanfran Pérez Llorca, que incluyen la polémica expresión en varias partidas relativas a ayudas sociales y de acceso a la vivienda.
Son los primeros presupuestos con rango de ley de una autonomía en España en los que se ha dado entrada al concepto que popularizó en los ochenta el dirigente francés de extrema derecha Jean-Marie Le Pen. Hasta ahora, la prioridad nacional solo se contemplaba en los acuerdos de gobierno alcanzados este año entre el PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Los votos del PP (40) y de Vox (13) se han impuesto a los del PSPV-PSOE (31) y de Compromís (15) y han superado la mayoría absoluta al sumar 53 por 41 la oposició. De este modo, El Consell, presidido por el PP, con el apoyo parlamentario de Vox, aprueba sus terceros presupuestos, los primeros con Pérez Llorca como president, que accedió al cargo en diciembre del pasado año, tras la dimisión de Carlos Mazón.
La prioridad nacional se refleja en varias partidas, ya aprobadas por el PP y Vox en comisión, de la siguiente manera: “Desarrollar medidas que faciliten el acceso de jóvenes a una vivienda en zonas rurales despobladas, colaborando en las actuaciones de dinamización del entorno rural, incorporando el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región”.
“Este principio supondrá: Exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en la Comunitat Valenciana y España. Refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio. A tal efecto, se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado que residen en la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.
El mismo texto que repite en otra partida para “facilitar el acceso a una vivienda pública en régimen de propiedad o alquiler de la Generalitat Valenciana” o para acceder a la renta valenciana de inclusión. En todas ellas se contempla “incorporando el principio de prioridad nacional”, con la inmediata acotación “adecuado a la legalidad vigente”.
Los representantes del PP y dirigentes de la Generalitat siempre han quitado hierro a la expresión y han preferido hablar de arraigo, que ya se contempla en el acceso de ayudas en diversos ayuntamientos, también gobernados por la izquierda. La oposición tilda el principio de “racista” y acusa al PP de plegarse a la agenda y al marco ideológico y conceptual de la extrema derecha.
La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha anunciado que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la ley de Presupuestos de la Generalitat si incluye la prioridad nacional, porque la Constitución “no ampara convertir la discriminación en ley”
El 31 de julio se votará en Les Corts la llamada ley de acompañamiento, que tiene un mayor peso político en la aplicación del principio de prioridad nacional en las distintas líneas de actuación del Consell.
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