La situación es bien atípica. La agenda política española ha quedado totalmente reventada por el caso que salpica al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En público y en privado no se habla de otra cosa. Millones de ciudadanos asisten a cada detalle de la investigación. En el mundo progresista se instala un pesimismo evidente, mientras en el conservador se vive como el hito final del cambio de ciclo. Y sin embargo, ni el protagonista principal, el propio expresidente, en silencio público por decisión de su abogado, ni el propio Gobierno, el principal afectado, dan apenas explicaciones sobre los detalles que van marcando la agenda, en especial el último y más rocambolesco, el de las joyas aparecidas en una caja fuerte en el despacho de Zapatero que han dado lugar a decenas de memes, burlas, chistes y comentarios. Mientras el entorno de Zapatero señala que esas joyas son fruto de herencias y regalos en viajes al extranjero, y calcula su valor entre 30.000 y 50.000 euros, la respuesta oficial del Gobierno es “no vamos a comentar detalles de una investigación judicial”.
El Ejecutivo tendrá al menos un mes la agenda bloqueada. Los ministros evitan dar explicaciones pero confían en la inocencia
La situación es bien atípica. La agenda política española ha quedado totalmente reventada por el caso que salpica al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En público y en privado no se habla de otra cosa. Millones de ciudadanos asisten a cada detalle de la investigación. En el mundo progresista se instala un pesimismo evidente, mientras en el conservador se vive como el hito final del cambio de ciclo. Y sin embargo, ni el protagonista principal, el propio expresidente, en silencio público por decisión de su abogado, ni el propio Gobierno, el principal afectado, dan apenas explicaciones sobre los detalles que van marcando la agenda, en especial el último y más rocambolesco, el de las joyas aparecidas en una caja fuerte en el despacho de Zapatero que han dado lugar a decenas de memes, burlas, chistes y comentarios. Mientras el entorno de Zapatero señala que esas joyas son fruto de herencias y regalos en viajes al extranjero, y calcula su valor entre 30.000 y 50.000 euros, la respuesta oficial del Gobierno es “no vamos a comentar detalles de una investigación judicial”.
La situación es muy delicada para el Ejecutivo: no puede hacer de portavoz de Zapatero, porque no conoce con precisión sus pasos y, aunque es una persona muy cercana e influyente, no está a las órdenes del presidente, pero todo lo que afecta al caso del expresidente perjudica directamente al Gobierno, al PSOE y a la izquierda en general. El Ejecutivo no manda sobre Zapatero, ni siquiera Pedro Sánchez, pero lo que haga el ex presidente es clave para que el Gobierno pueda o no salir del agujero en el que está, tal vez el de más profundidad política de toda la legislatura, y eso que ha habido varios muy hondos.
Por eso cuando se supo, justo cuando terminaba la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que el juez ha aceptado el aplazamiento pedido por Zapatero y la declaración se celebrará el 17 y 18 de junio —en plena cumbre europea en Bruselas en la que participará Sánchez— se instaló enseguida una inquietud evidente entre muchos ministros, que confiaban en que el día 2 podrían empezar a cambiar un poco las cosas.
Dos semanas más de viacrucis mediático, que anula la agenda del Ejecutivo y pone todo el foco en la investigación judicial, alarga el desgaste y da más munición a la oposición y aumenta el nerviosismo de los socios, que en el caso del PNV insiste en pedir elecciones en 2026 y en el caso de Sumar ya exige abiertamente a Zapatero que dé explicaciones públicas cuanto antes.
Desde La Moncloa transmiten que es una decisión del abogado de Zapatero para preparar mejor la defensa y frente a eso no se puede hacer nada. Claramente Sánchez no ha intentado forzar al expresidente a hablar o acortar los tiempos. El Gobierno oficialmente ha decidido mantener el apoyo a Zapatero, sobre todo a su derecho a la presunción de inocencia, pero a los ministros se les ve incómodos teniendo que hablar de un asunto del que solo conocen lo que aparece en los medios.
Las reacciones son cada vez más cautas dentro de la línea general de apoyo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, trasladó en el Senado esa línea oficial de prudencia, aunque sin respaldo entusiasta al ex presidente, al que no citó por su nombre. “La instrucción no ha hecho más que empezar, que se espere a que la justicia haga su trabajo, no condenen a una persona que no ha declarado todavía”, señaló frente a los ataques del PP.
También de forma muy prudente mantuvo el apoyo la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz. “Este Gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, señaló, para defender también el “legado incuestionable” del expresidente: “Sobre la base de ese país que dejó Zapatero seguimos construyendo como Gobierno una España más moderna, más inclusiva”, remató. A su lado, Óscar López, que fue colaborador cercano del ex presidente, sentenció: “sigo confiando plenamente en la inocencia de Zapatero”.
En público todos muestran ese respeto y casi nadie del PSOE ha pronunciado ninguna crítica directa a Zapatero. Solo Emiliano García-Page ha dicho que muchos socialistas están “profundamente decepcionados”, al leer el auto sobre Zapatero, y reclama que Sánchez se someta a una moción de confianza o convoque elecciones, algo que el presidente descarta por completo.
De hecho, Bolaños insistió en el Senado en que queda un año y dos meses de legislatura y que la van a agotar. Pero en privado sí se detecta una clara inquietud en el Gobierno por esta decisión de retrasar dos semanas la declaración. En el Ejecutivo confían en que después de ir ante el juez, y dado que parece descartado que decrete prisión contra él, Zapatero sí pueda hacer la rueda de prensa que tenía prevista y una ronda por varios medios con entrevistas para contrarrestar con su versión el impacto del auto y los informes policiales que le apuntan como líder de una organización criminal de tráfico de influencias. Pero ya se va retrasando ese momento y algunos empiezan a dudar de que llegue porque el abogado podría volver a recomendar silencio. Aun así, otros ministros también señalan que lo importante es que haga muy bien esa declaración, y si para eso necesita más tiempo, es mejor que asumir el riesgo de un fiasco.
Más allá del PSOE, donde la preocupación está muy extendida —García-Page llegó a decir que este “es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia”—, aunque se mantiene la confianza que Sánchez mostró en la inocencia de Zapatero en el Congreso el miércoles, la gravedad de la situación se ve también en los socios. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, fue muy directo: “Zapatero le debe una explicación a la sociedad española y cuanto antes la dé mejor”. Urtasun insistió en que las acusaciones “son graves” y por tanto el ex presidente tiene que hablar ya a los ciudadanos. A ellos también les ha molestado mucho el retraso de la declaración, que implica posponer las explicaciones. El PNV también mantuvo la presión, y su portavoz insiste en que la legislatura está agotada y debe haber elecciones en 2026, pero el Gobierno lo descarta y reta a cualquiera que quiera cambiar el Ejecutivo a sumarse a una moción de censura con el PP y Vox. “Aquel que diga que esto se ha acabado puede pactar una moción de censura con Vox”, remató Patxi López, el portavoz socialista. La tensión crece, la crisis se alarga, pero la situación política parece estancada y Sánchez, que está en Roma para ver al papa y dará una rueda de prensa este miércoles, no parece tener ninguna intención de cambiar sus planes de agotar la legislatura.
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