«Si no atacamos su economía e intentamos contener la infiltración de las organizaciones criminales en el tejido económico, no podremos revertir parte de este narcotráfico que tenemos arraigado en el territorio», ha advertido este miércoles el subinspector de los Mossos d’Esquadra, Marc Bayon. Y es que España, especialmente Cataluña, se ha consolidado como productor de marihuana , siendo considerada ya la huerta de Europa. Su cultivo implica el asentamiento del crimen organizado en nuestro país, para luego distribuir la droga en otro puntos del Viejo Continente, donde llega a triplicar su valor. La implantación de dichas organizaciones lleva asociado un incremento de la violencia, entre otros, por los denominados vuelcos -robos de la mercancía entre los propios narcos- y los consecuentes ajustes de cuentas. Por ello, para atajar tanto el cultivo como el incremento de incidentes con armas de fuego, resulta imprescindible seguir el rastro del dinero . Tarea compleja y lenta. También, informativamente hablando, menos llamativa que las ingentes incautaciones de la droga en plantaciones, pero fundamental para asestar un golpe a los traficantes. Con ese objetivo, los Mossos y la Guardia Civil han desmantelado por primera vez un entramado que, bajo apariencia legal, se dedicaba a suministrar el material necesario para el cultivo de marihuana y, además, también blanqueaba los ingresos del crimen organizado que se encontraba tras ellas. En este caso, organizaciones de albaneses que, si bien hace años operaban como ‘jardineros’ en los cultivos de clanes serbio-montenegrinos; ahora ya se encuentran tras la producción de la droga. La investigación del bautizado como caso Krippy comenzó en 2023, precisamente, tratando de seguir el rastro del dinero tras plantaciones desmanteladas por las fuerzas de seguridad. Los agentes comprobaron que en ciertos cultivos había un elemento común: un mismo ‘growshop’; comercio aparentemente legal que vende material destinado al autocultivo: fertilizantes, filtros, o máquinas de aire acondicionado para plantaciones. Así, estas organizaciones albanesas «recibían provisiones y entregaban dinero en efectivo» a los responsables del establecimiento, según ha detallado el sargento de la Guardia Civil, Alberto Sánchez, y el ‘growshop’, tras el que se encontraban cuatro sociedades, en apariencia sin conexión entre ellas, lo introducía en el circuito legal; lo que se denomina «economía circular», ya que los narcos reinvertían el dinero en las propias plantaciones , con el objetivo de «expandir» el negocio. Han sido tres años de pesquisas de ambos Cuerpos hasta desarticular el entramado dedicado al suministro de material y posterior blanqueo. Una investigación que se ha saldado con cuatro detenidos, de nacionalidad española. Dos de ellos, los máximos responsables, han ingresado ya en prisión provisional. Integraban un «entramado empresarial, que se dedicaba a suministrar logística e infraestructura a organizaciones criminales, para instalar plantaciones marihuana gran escala», ha precisado Bayon.Lo más complejo ha sido demostrar su segunda actividad: el blanqueo de capitales para introducir en el tejido legal el dinero del narcotráfico, ya que el entramado empresarial prestaba una actividad aparentemente normal, cuando en realidad lo que hacía era garantizar el aprovisionamiento a los albaneses dedicados al cultivo de marihuana . «Era una empresa realmente valiosa por su capacidad de suministrar material a pluralidad de organizaciones», han constatado los investigadores, garantizando el anonimato entre unas y otras. También por la ingeniería financiera desplegada para evitar la vinculación entre el negocio legal y el dinero negro de los narcos. En apariencia era una empresa «modesta», pero tirar de la manta permitió comprobar que no presentaba una actividad acorde al volumen de dinero que gestionaba: un flujo de caja de 80 millones de euros desde que comenzó su andadura, en 2018, hasta la actualidad. En cambio, lo declarado rozaba los 15 millones. Para ello, el entramado creó cuatro sociedades que, en apariencia, eran independientes. En realidad, operaban de forma conjunta, ya que ambos Cuerpos han podido rastrear transferencias intraempresas de hasta 5 millones, sin justificación aparente.¿Cómo operaba? Bajo esa apariencia legal de suministrar material al por menor y a otros distribuidores, en realidad adquiría contenedores del sudeste asiático, en vehículos tipo trailer, para abastecer a los narcos de la marihuana. Nunca abrieron al «público» su actividad. Subcontrataban a empresas de logística para transportar el material a las plantaciones y, para evitar rastreos o seguimientos, evitaban facilitarles el destino final, proporcionando una localización inicial, que luego corregían. Se trata de una operación especialmente relevantes para los Mossos y la Guardia Civil porque, pese a no haber incautado droga, han asestado un golpe a la estructura de quienes la cultivan y blanquean sus ingresos, consiguiendo introducirlos en el circuito legal. Ello ha requerido «trazabilidad, inteligencia policial, conocer el origen de avituallamiento de las organizaciones y de dónde salía el capital para poder corromper los negocios, escalar hasta una estructura superior y atacar el nodo de distribución». También una segunda capa, la que acredita la infiltración en el tejido económico de organizaciones dedicadas a suministrar material a los narcos de la marihuana. En este caso, los investigadores detectaron dos contabilidades en la empresa, ha explicado el capitán Pedro Valero. La de apariencia legal, de suministro a minoristas; y la B: la que nutría a las diferentes organizaciones para desplegar plantaciones a gran escala. En esas facturas no se identificaba al cliente final y, parte de ese dinero, los responsables del negocio lo habían introducido en el circuito legal comprando inmuebles por un valor «muy inferior al de tasación». En el reparto de roles de los cuatro integrantes del entramado de distribución de material y posterior blanqueo había dos líderes, quienes estaban en contacto con los albaneses. Por debajo, quienes se dedicaban a controlar la facturación. Tenían cuatro sedes; dos en Tarragona, otra en la provincia de Granada, y la última en Alemania, cerca de Países Bajos, donde las plantaciones son legales para uso recreativo. «Hemos atacado al nodo que suministraba a las organizaciones criminales», ha celebrado Bayon, tras recalcar el riesgo que supone que estas empresas operen como «centrifugadoras» para el blanqueo de capitales. En este caso, con una doble función, proveyendo también del material necesario para desplegar las plantaciones. De ahí la importancia de la operación, explotada a finales de abril, y cuyas pesquisas siguen abiertas. Los cuatro detenidos que se encontraban tras el ‘growshop’ no tenían antecedentes previos por delitos similares. Es decir, demuestra la infiltración en la economía legal de los narcos que contrataban sus servicios. Ahora, la investigación ha permitido el cese de su actividad y el bloqueo de sus cuentas bancarias. «Si no atacamos su economía e intentamos contener la infiltración de las organizaciones criminales en el tejido económico, no podremos revertir parte de este narcotráfico que tenemos arraigado en el territorio», ha advertido este miércoles el subinspector de los Mossos d’Esquadra, Marc Bayon. Y es que España, especialmente Cataluña, se ha consolidado como productor de marihuana , siendo considerada ya la huerta de Europa. Su cultivo implica el asentamiento del crimen organizado en nuestro país, para luego distribuir la droga en otro puntos del Viejo Continente, donde llega a triplicar su valor. La implantación de dichas organizaciones lleva asociado un incremento de la violencia, entre otros, por los denominados vuelcos -robos de la mercancía entre los propios narcos- y los consecuentes ajustes de cuentas. Por ello, para atajar tanto el cultivo como el incremento de incidentes con armas de fuego, resulta imprescindible seguir el rastro del dinero . Tarea compleja y lenta. También, informativamente hablando, menos llamativa que las ingentes incautaciones de la droga en plantaciones, pero fundamental para asestar un golpe a los traficantes. Con ese objetivo, los Mossos y la Guardia Civil han desmantelado por primera vez un entramado que, bajo apariencia legal, se dedicaba a suministrar el material necesario para el cultivo de marihuana y, además, también blanqueaba los ingresos del crimen organizado que se encontraba tras ellas. En este caso, organizaciones de albaneses que, si bien hace años operaban como ‘jardineros’ en los cultivos de clanes serbio-montenegrinos; ahora ya se encuentran tras la producción de la droga. La investigación del bautizado como caso Krippy comenzó en 2023, precisamente, tratando de seguir el rastro del dinero tras plantaciones desmanteladas por las fuerzas de seguridad. Los agentes comprobaron que en ciertos cultivos había un elemento común: un mismo ‘growshop’; comercio aparentemente legal que vende material destinado al autocultivo: fertilizantes, filtros, o máquinas de aire acondicionado para plantaciones. Así, estas organizaciones albanesas «recibían provisiones y entregaban dinero en efectivo» a los responsables del establecimiento, según ha detallado el sargento de la Guardia Civil, Alberto Sánchez, y el ‘growshop’, tras el que se encontraban cuatro sociedades, en apariencia sin conexión entre ellas, lo introducía en el circuito legal; lo que se denomina «economía circular», ya que los narcos reinvertían el dinero en las propias plantaciones , con el objetivo de «expandir» el negocio. Han sido tres años de pesquisas de ambos Cuerpos hasta desarticular el entramado dedicado al suministro de material y posterior blanqueo. Una investigación que se ha saldado con cuatro detenidos, de nacionalidad española. Dos de ellos, los máximos responsables, han ingresado ya en prisión provisional. Integraban un «entramado empresarial, que se dedicaba a suministrar logística e infraestructura a organizaciones criminales, para instalar plantaciones marihuana gran escala», ha precisado Bayon.Lo más complejo ha sido demostrar su segunda actividad: el blanqueo de capitales para introducir en el tejido legal el dinero del narcotráfico, ya que el entramado empresarial prestaba una actividad aparentemente normal, cuando en realidad lo que hacía era garantizar el aprovisionamiento a los albaneses dedicados al cultivo de marihuana . «Era una empresa realmente valiosa por su capacidad de suministrar material a pluralidad de organizaciones», han constatado los investigadores, garantizando el anonimato entre unas y otras. También por la ingeniería financiera desplegada para evitar la vinculación entre el negocio legal y el dinero negro de los narcos. En apariencia era una empresa «modesta», pero tirar de la manta permitió comprobar que no presentaba una actividad acorde al volumen de dinero que gestionaba: un flujo de caja de 80 millones de euros desde que comenzó su andadura, en 2018, hasta la actualidad. En cambio, lo declarado rozaba los 15 millones. Para ello, el entramado creó cuatro sociedades que, en apariencia, eran independientes. En realidad, operaban de forma conjunta, ya que ambos Cuerpos han podido rastrear transferencias intraempresas de hasta 5 millones, sin justificación aparente.¿Cómo operaba? Bajo esa apariencia legal de suministrar material al por menor y a otros distribuidores, en realidad adquiría contenedores del sudeste asiático, en vehículos tipo trailer, para abastecer a los narcos de la marihuana. Nunca abrieron al «público» su actividad. Subcontrataban a empresas de logística para transportar el material a las plantaciones y, para evitar rastreos o seguimientos, evitaban facilitarles el destino final, proporcionando una localización inicial, que luego corregían. Se trata de una operación especialmente relevantes para los Mossos y la Guardia Civil porque, pese a no haber incautado droga, han asestado un golpe a la estructura de quienes la cultivan y blanquean sus ingresos, consiguiendo introducirlos en el circuito legal. Ello ha requerido «trazabilidad, inteligencia policial, conocer el origen de avituallamiento de las organizaciones y de dónde salía el capital para poder corromper los negocios, escalar hasta una estructura superior y atacar el nodo de distribución». También una segunda capa, la que acredita la infiltración en el tejido económico de organizaciones dedicadas a suministrar material a los narcos de la marihuana. En este caso, los investigadores detectaron dos contabilidades en la empresa, ha explicado el capitán Pedro Valero. La de apariencia legal, de suministro a minoristas; y la B: la que nutría a las diferentes organizaciones para desplegar plantaciones a gran escala. En esas facturas no se identificaba al cliente final y, parte de ese dinero, los responsables del negocio lo habían introducido en el circuito legal comprando inmuebles por un valor «muy inferior al de tasación». En el reparto de roles de los cuatro integrantes del entramado de distribución de material y posterior blanqueo había dos líderes, quienes estaban en contacto con los albaneses. Por debajo, quienes se dedicaban a controlar la facturación. Tenían cuatro sedes; dos en Tarragona, otra en la provincia de Granada, y la última en Alemania, cerca de Países Bajos, donde las plantaciones son legales para uso recreativo. «Hemos atacado al nodo que suministraba a las organizaciones criminales», ha celebrado Bayon, tras recalcar el riesgo que supone que estas empresas operen como «centrifugadoras» para el blanqueo de capitales. En este caso, con una doble función, proveyendo también del material necesario para desplegar las plantaciones. De ahí la importancia de la operación, explotada a finales de abril, y cuyas pesquisas siguen abiertas. Los cuatro detenidos que se encontraban tras el ‘growshop’ no tenían antecedentes previos por delitos similares. Es decir, demuestra la infiltración en la economía legal de los narcos que contrataban sus servicios. Ahora, la investigación ha permitido el cese de su actividad y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
«Si no atacamos su economía e intentamos contener la infiltración de las organizaciones criminales en el tejido económico, no podremos revertir parte de este narcotráfico que tenemos arraigado en el territorio», ha advertido este miércoles el subinspector de los Mossos d’Esquadra, Marc Bayon. … Y es que España, especialmente Cataluña, se ha consolidado como productor de marihuana, siendo considerada ya la huerta de Europa. Su cultivo implica el asentamiento del crimen organizado en nuestro país, para luego distribuir la droga en otro puntos del Viejo Continente, donde llega a triplicar su valor. La implantación de dichas organizaciones lleva asociado un incremento de la violencia, entre otros, por los denominados vuelcos -robos de la mercancía entre los propios narcos- y los consecuentes ajustes de cuentas. Por ello, para atajar tanto el cultivo como el incremento de incidentes con armas de fuego, resulta imprescindible seguir el rastro del dinero. Tarea compleja y lenta. También, informativamente hablando, menos llamativa que las ingentes incautaciones de la droga en plantaciones, pero fundamental para asestar un golpe a los traficantes.
Con ese objetivo, los Mossos y la Guardia Civil han desmantelado por primera vez un entramado que, bajo apariencia legal, se dedicaba a suministrar el material necesario para el cultivo de marihuana y, además, también blanqueaba los ingresos del crimen organizado que se encontraba tras ellas. En este caso, organizaciones de albaneses que, si bien hace años operaban como ‘jardineros’ en los cultivos de clanes serbio-montenegrinos; ahora ya se encuentran tras la producción de la droga.
La investigación del bautizado como caso Krippy comenzó en 2023, precisamente, tratando de seguir el rastro del dinero tras plantaciones desmanteladas por las fuerzas de seguridad. Los agentes comprobaron que en ciertos cultivos había un elemento común: un mismo ‘growshop’; comercio aparentemente legal que vende material destinado al autocultivo: fertilizantes, filtros, o máquinas de aire acondicionado para plantaciones. Así, estas organizaciones albanesas «recibían provisiones y entregaban dinero en efectivo» a los responsables del establecimiento, según ha detallado el sargento de la Guardia Civil, Alberto Sánchez, y el ‘growshop’, tras el que se encontraban cuatro sociedades, en apariencia sin conexión entre ellas, lo introducía en el circuito legal; lo que se denomina «economía circular», ya que los narcos reinvertían el dinero en las propias plantaciones, con el objetivo de «expandir» el negocio.
Han sido tres años de pesquisas de ambos Cuerpos hasta desarticular el entramado dedicado al suministro de material y posterior blanqueo. Una investigación que se ha saldado con cuatro detenidos, de nacionalidad española. De ellos dos, los máximos responsables, han ingresado ya en prisión provisional. Integraban un «entramado empresarial, que se dedicaba a suministrar logística e infraestructura organizaciones criminales, para instalar plantaciones marihuana gran escala», ha precisado Bayon.
Lo más complejo ha sido demostrar su segunda actividad: el blanqueo de capitales para introducir en el tejido legal el dinero del narcotráfico, ya que el entramado empresarial prestaba una actividad aparentemente normal, cuando en realidad lo que hacía era garantizar el aprovisionamiento a los albaneses dedicados al cultivo de marihuana. «Era una empresa realmente valiosa por su capacidad de suministrar material a pluralidad de organizaciones», han constatado los investigadores, garantizando el anonimato entre unas y otras. También por la ingeniería financiera desplegada para evitar la vinculación entre la empresa legal y el dinero negro de los narcos.
En apariencia era una empresa «modesta», pero tirar de la manta permitió comprobar que no presentaba una actividad acorde al volumen de efectivo que gestionaba: un flujo de caja de 80 millones de euros desde que comenzó su andadura, en 2018, hasta la actualidad. En cambio, lo declarado rozaba los 15 millones. Para ello, el entramado creó cuatro sociedades que, en apariencia, eran independientes. En realidad, operaban de forma conjunta, ya que ambos Cuerpos han podido rastrear transferencias intraempresas de hasta 5 millones, sin justificación aparente.
¿Cómo operaba? Bajo esa apariencia legal de suministrar material al por menor y a otros distribuidores, en realidad adquiría contenedores del sudeste asiático, en vehículos tipo trailer, para abastecer a los narcos de la marihuana. Nunca abrieron al «público» su actividad. Subcontrataban a empresas de logística para transportar el material a las plantaciones y, para evitar rastreos o seguimientos, evitaban facilitarles el destino final, proporcionando una localización inicial, que luego corregían.
Se trata de una operación especialmente relevantes para los Mossos y la Guardia Civil porque, pese a no haber incautado droga, han asestado un golpe a la estructura de quienes la cultivan y blanquean sus ingresos, consiguiendo introducirlos en el circuito legal. Ello ha requerido «trazabilidad, inteligencia policial, conocer el origen de avituallamiento de organizaciones y de dónde salía el capital para poder corromper los negocios, escalar hasta una estructura superior y atacar el nodo de distribución». También una segunda capa, la que acredita la infiltración tejido económico de organizaciones dedicadas a suministrar a los narcos, en este caso, de la marihuana.
En este caso, detectaron dos contabilidades en la empresa, ha explicado el capitán Pedro Valero. La de apariencia legal, de suministro a minoristas; y la B: la que nutría a las diferentes organizaciones para desplegar plantaciones a gran escala. En esas facturas no se identificaba al cliente final y, parte de ese dinero, los responsables del negocio lo habían introducido en el circuito legal comprando inmuebles por un valor «muy inferior al de tasación».
En el reparto de roles de los cuatro integrantes del entramado de distribución de material y posterior blanqueo había dos líderes, quienes estaban en contacto con los albaneses. por debajo, los otros dos integrantes de la organización, que se dedicaban a controlar la facturación. Tenían cuatro sedes; dos en Tarragona, otra en la provincia de Granada, y la última en Alemania, cerca de Países Bajos, donde las plantaciones son legales para el uso recreativo.
«Hemos atacado al nodo que suministraba a organizaciones criminales», ha celebrado Bayon, tras recalcan el riesgo que supone que estas empresas operen como «centrifugadoras» para el blanqueo de capitales. En este caso, con una doble función, suministrando también el material necesario para desplegar las plantaciones.
De ahí la importancia de la operación, explotada a finales de abril, y cuyas pesquisas siguen abiertas. Los cuatro detenidos que se encontraban tras el ‘growshop’ no tenían antecedentes previos por delitos similares. Es decir, demuestra la infiltración en la economía legal de los narcos que contrataban sus servicios. Ahora, la investigación ha permitido el cese de su actividad y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
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