Ante la disyuntiva entre un mercado de la vivienda que se regula a sí mismo en base a la oferta y la demanda o una intervención del Estado para fijar reglas a costa del lucro privado, en la sociedad española se impone con claridad la segunda opción. Es decir, se imponen las visiones dominantes en los principales partidos de izquierdas. Pero no solo ganan entre los votantes progresistas, también entre quienes respaldan al PP y Vox, aunque por menos distancia. Así lo pone de relieve la encuesta sobre vivienda de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER elaborada con 2.000 entrevistas online entre el 25 de septiembre, dos días después del desahucio de Maricarmen Abascal, y el 28 de septiembre, un día antes de que el Ejecutivo aprobara los dos decretos con los que ha intentado dar una respuesta urgente a la conmoción social suscitada por el caso.
Más de dos tercios de la sociedad abogan por medidas para frenar los precios aunque sea a costa del casero, incluyendo más del 55% de los votantes del PP y Vox, según una encuesta de 40dB. en pleno debate tras el desahucio de Maricarmen
Ante la disyuntiva entre un mercado de la vivienda que se regula a sí mismo en base a la oferta y la demanda o una intervención del Estado para fijar reglas a costa del lucro privado, en la sociedad española se impone con claridad la segunda opción. Es decir, se imponen las visiones dominantes en los principales partidos de izquierdas. Pero no solo ganan entre los votantes progresistas, también entre quienes respaldan al PP y Vox, aunque por menos distancia. Así lo pone de relieve la encuesta sobre vivienda de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER elaborada con 2.000 entrevistas online entre el 25 de septiembre, dos días después del desahucio de Maricarmen Abascal, y el 28 de septiembre, un día antes de que el Ejecutivo aprobara los dos decretos con los que ha intentado dar una respuesta urgente a la conmoción social suscitada por el caso.
Un 67,5% de los encuestados —incluyendo la mayoría de los votantes no solo del PSOE (82,6%), Sumar (95,8%) y Podemos (85,4%), sino también del PP (56,5%) y Vox (55,2%)— están a favor de las políticas de limitación de los precios de la vivienda aunque su aplicación implique una pérdida de rentabilidad del casero. Quienes así lo ven son mayoría incluso entre los caseros (56,5%), según las respuestas recabadas. En cambio, los que piensan que solo el mercado debe establecer los precios sin que el Estado desempeñe ningún papel, aunque esto limite el acceso a la vivienda, se quedan en un 21,7%.
Así que el laissez-faire está en minoría cuando se habla de derecho a techo y menos de una cuarta parte de la sociedad defiende que el mercado imponga las reglas de la vivienda, de acuerdo con los datos de la encuesta, cuyos resultados muestran que importantes medidas en línea con las aprobadas por el Gobierno el martes —y cuya convalidación se votará este viernes en el Congreso con el anunciado rechazo de Junts— cuentan con un aval social mayoritario.
Aprobación mayoritaria
El trabajo demoscópico fue diseñado antes de la aprobación de los dos decretos del Gobierno, por lo que no se pregunta en concreto por puntos incluidos en los mismos, ni en el de función social —el que a priori parecía tener más opciones de salir adelante hasta que Junts anunció su rechazo este jueves por la noche— ni en el de estabilización de los contratos de alquiler. No obstante, sí lo hace por algunas medidas que encajan con lo recogido en el primero de ellos. Y obtienen aprobación mayoritaria.
Entre el 70% y 75% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con aplazar los desahucios a personas vulnerables, regular el precio de los alquileres y ponerles topes anuales. Son medidas que además cuentan con más respaldo que rechazo en los electorados no solo de izquierdas y entre los inquilinos, sino también —aunque más tibiamente— en los de derechas y entre los caseros.
Las medidas que generan más consenso —y que también encajan con lo que recoge el decreto— son ampliar la oferta de vivienda social (82,4%), algo en lo que coinciden todos los partidos y en lo que también están ampliamente de acuerdo sus electorados; y dar ventajas fiscales a los pequeños propietarios (79,7%) para que alquilen a precio asequible, una opción que suele ser recibida con escepticismo o rechazo por Sumar y Podemos pero entre cuyos votantes genera, como en todos los demás, más adhesión que censura.
De menos apoyo, aunque superior al 50%, dispone la idea de subir impuestos a los propietarios de viviendas vacías, posibilidad que también figura en el decreto de función social. En contraste con el respaldo de los encuestados de izquierdas y los inquilinos, a este incremento fiscal se opone la mayoría tanto de los caseros como de los que prevén votar a Alberto Núñez Feijóo (PP) y a Santiago Abascal (Vox) en las generales.
La medida que menos apoyo cosecha, la única por debajo del 50% de apoyo, es limitar el número de viviendas que una persona puede tener en propiedad, a pesar de que entre quienes prevén votar al PSOE, Sumar y Podemos son más quienes la defienden que quienes se oponen. Esta medida no está recogida en ninguno de los dos decretos que se votarán este viernes. Tampoco la normativa que llega al Congreso se centra en los pisos turísticos, un asunto sobre el que la encuesta deja un dato: no permitirlos en edificios residenciales cuenta con el respaldo de un 67,9%, más de dos terceras partes de los encuestados. Aunque los de izquierdas defienden la posibilidad de este veto con más ahínco, también son más los que se alinean con esta posibilidad en la derecha.
De la encuesta también se desprende que hay un extendido apoyo a una de las principales medidas de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y aprobada en 2023. Casi dos tercios de la ciudadanía considera “necesario” limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, una bandera de la izquierda pero que también apoya más de la mitad de los votantes de derechas. Y ello a pesar de que las direcciones de los partidos conservadores se oponen, algo especialmente relevante en el caso del PP, que tiene la presidencia de 11 comunidades autónomas y sería clave para el pleno de desarrollo de esta previsión legal.
Un dato que permite aproximarse al pulso social antes de las votaciones de este viernes: casi el 70% valora negativamente el rechazo del Congreso al anterior intento del Gobierno de aprobar medidas para aplazar desahucios, tumbado por el PP, Vox y Junts. Aunque esta valoración negativa es más intensa entre los votantes de izquierdas y los inquilinos, también entre los electores del PP y de Vox y entre los caseros son más quienes la comparten que quienes no.
El ‘caso Maricarmen’
La encuesta muestra que el caso Maricarmen ha tenido un formidable impacto. Más de un 93% de los encuestados han oído hablar del tema. Pero no hay un consenso transversal sobre algunos de los debates que ha abierto. Son mayoría (61,8%) quienes consideran que “no se puede desalojar de su vivienda a una persona mayor sin alternativa habitacional”. Esta opinión es muy mayoritaria entre los votantes de izquierdas, mientras que los del PP y Vox priorizan el derecho del propietario a decidir sobre su vivienda.
También hay brecha ideológica sobre la respuesta en la calle a casos como el de Maricarmen. Casi dos tercios de la sociedad están de acuerdo con el ejercicio de la resistencia pacífica para impedir desahucios. Se trata de una opinión de consenso entre los votantes progresistas. Sin embargo, el asunto divide por la mitad a los electorados del PP y Vox.
La responsabilidad del Gobierno
La dificultad para acceder a una vivienda es el segundo problema que más preocupa en España, por detrás de la inflación, en realidad es un asunto relacionado. En 2023, era el cuarto tema que más inquietaba. Ha avanzado dos puestos. Se trata de una preocupación transversal, compartida —con matices— por todas las generaciones y votantes de todos los partidos.
Ahora bien, que preocupe a izquierda y derecha no significa que se le dé la misma prioridad. Mientras que los votantes del PSOE, Sumar y Podemos creen que es el asunto más urgente que debe atender la política, los del PP y Vox lo colocan por detrás de la inmigración. También hay diferencias ideológicas al preguntar por los factores que provocan el problema. Invitados a citar dos causantes principales, quienes prevén apoyar a partidos de izquierdas identifican en mayor medida a los “fondos buitre” y a los pisos turísticos que quien piensan a hacerlo al PP y a Vox.
Aunque el Gobierno del PSOE y Sumar se esmera en trasladar la idea de que no solo al Ejecutivo compete el problema de la vivienda, y que las comunidades autónomas —la mayoría en manos del PP— son las que tienen las mayores atribuciones, la ciudadanía identifica al al poder estatal como el principal responsable. A la hora de exigir soluciones, un 43,3% señalan al Gobierno central, muy por delante de los que apuntan a las comunidades (19,3%) y los ayuntamientos (5,3%).
La patata caliente de la vivienda pone así la mayor presión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que cuenta para afrontar la situación con un dato a favor. El PSOE es el partido que un mayor porcentaje de la población ve como el más capacitado para afrontar el problema. Un 18,5% le otorgan este estatus, por delante del PP y Vox (empatados a 14,4%). Hasta un 22,6% cree que ninguno está capacitado para encarar el desafío.
España en EL PAÍS
