El sabotaje remoto de casi 800 congeladores de supermercados en Francia y el norte de Europa esta semana ha obligado a retirar y destruir miles de toneladas de alimentos sin necesidad de desplegar grandes recursos y con un bajo coste para el agresor. El ataque aprovechó fallos de seguridad en los sistemas de refrigeración conectados a internet y puso de manifiesto hasta qué punto una intervención remota, sin necesidad de acceder físicamente a las instalaciones, puede comprometer el funcionamiento de servicios esenciales. No se trató de una avería, sino de un hackeo, lo que obliga a cuestionar si estamos ante una nueva forma de presión geopolítica. Los analistas apuntan a que sí.
Los ciberataques revelan cómo desestabilizar a una sociedad sin armas convencionales y la vulnerabilidad de unas cadenas de suministro cada vez más digitalizadas
El sabotaje remoto de casi 800 congeladores de supermercados en Francia y el norte de Europa esta semana ha obligado a retirar y destruir miles de toneladas de alimentos sin necesidad de desplegar grandes recursos y con un bajo coste para el agresor. El ataque aprovechó fallos de seguridad en los sistemas de refrigeración conectados a internet y puso de manifiesto hasta qué punto una intervención remota, sin necesidad de acceder físicamente a las instalaciones, puede comprometer el funcionamiento de servicios esenciales. No se trató de una avería, sino de un hackeo, lo que obliga a cuestionar si estamos ante una nueva forma de presión geopolítica. Los analistas apuntan a que sí.
Los alimentos tienen una gran capacidad para generar malestar social y trasladarlo al terreno político, lo que los convierte en un objetivo clave. Así lo plantea un reciente estudio publicado por la revista Annual Review of Resource Economics sobre la geopolítica de la agricultura, que examina la relación entre los recursos alimentarios, la estabilidad social y el poder político. A diferencia de otros sectores estratégicos, como el de los semiconductores, la comida forma parte de la vida cotidiana. Por eso, un repunte de precios o la falta de acceso a los productos afecta al bolsillo de las familias, pero también a su sensación de seguridad.
En las grandes ciudades, donde los consumidores dan por hecho que encontrarán alimentos frescos en los supermercados a cualquier hora, una interrupción del suministro puede generar una alarma inmediata. La dependencia de sistemas tecnológicos para conservar, transportar y reponer los productos hace que una intervención digital pueda tener efectos visibles en muy poco tiempo. Ahí reside parte de su atractivo para los posibles agresores.
Para Sébastien Abis, investigador asociado del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS por sus siglas en francés) y director del think tank agrícola Club DÉMÉTER, este tipo de amenazas obliga a Europa a replantear qué se considera una cuestión de seguridad nacional. “Quienes desean hacer daño a los países europeos o a Francia saben que atacar la alimentación equivale a golpear el corazón mismo de la vida cotidiana de nuestras sociedades”, llegó a sentenciar el analista en un artículo publicado poco tiempo después de que el primer ciberataque golpeara a varios supermercados franceses. Ahora, tras la segunda oleada de hackeos, insiste en que “debemos aprender a anticipar disrupciones combinadas: ciberataques, escasez de energía, fenómenos meteorológicos extremos y tensiones geopolíticas”. “Un ciberataque no constituye automáticamente una guerra híbrida, pero revela vulnerabilidades que actores hostiles podrían explotar”.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconoce que los riesgos para la seguridad alimentaria no son nuevos, pero “está cambiando la forma en que puede producirse esa disrupción”.
Blindar la seguridad alimentaria ante un ciberataque
Un fallo en los sistemas informáticos de refrigeración puede acabar con toneladas de alimentos en la basura en cuestión de horas debido a que la seguridad de los productos en los supermercados depende, según EFSA, de tres factores: unas buenas prácticas de higiene, el control de la temperatura y el respeto de los plazos de conservación.
La primera barrera está en el transporte y la recepción de mercancías. Cuando una partida de importación o un camión refrigerado registra una desviación de temperatura durante el trayecto, la carga puede quedar inmovilizada antes de entrar en los supermercados. Los controles en frontera y los registros de conservación permiten detectar estas incidencias y evitar que los lotes afectados sigan avanzando hacia los centros de distribución.
Si el alimento supera ese filtro, la responsabilidad pasa a los almacenes y establecimientos que lo reciben. En Europa, todos los operadores alimentarios deben contar con un sistema de autocontrol basado en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), que identifica los riesgos y fija los límites de tiempo y temperatura que debe respetar cada producto. Si un fallo informático o eléctrico hace que se superen esos márgenes, la mercancía se desecha, aunque su aspecto y olor no hayan cambiado. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recuerda que estas señales no bastan para determinar si un alimento es seguro. Por ello, cuando no se puede garantizar su inocuidad, el protocolo obliga a retirarlo del mercado.
Para comprobar que las temperaturas se mantienen dentro de los límites establecidos, los equipos de frío cuentan con termógrafos sujetos a controles de metrología legal. Estos dispositivos registran las mediciones de forma continua e imborrable, de modo que un inspector sanitario puede comprobar si se ha respetado la temperatura exigida incluso cuando se ha producido una incidencia informática. Ignacio Magarzo, director general de Asedas, insiste en que “el registro queda grabado de forma imborrable”. A este control se suman, al menos en el caso español, las comprobaciones manuales de los trabajadores, que revisan los equipos varias veces al día. Al respecto, AESAN recuerda que en 2024 (último dato disponible correspondiente al Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria) se realizaron más de 285.000 inspecciones en establecimientos minoristas y más de 60.000 en almacenes y distribuidores.
Si la mercancía ya ha salido del establecimiento, la trazabilidad permite localizarla y retirarla. El sistema identifica tanto al fabricante y al lote de origen como los puntos de venta a los que se ha distribuido. En España, las autoridades utilizan el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), conectado con la red europea RASFF, para comunicar las alertas y coordinar la retirada de los alimentos afectados. En 2025, por ejemplo, el SCIRI gestionó 864 expedientes de alerta.A la red de alerta sanitaria se suma el escudo cibernético comunitario. Desde septiembre de 2026, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) gestiona la Plataforma Única de Notificación, que avisa en tiempo real a todos los países ante un posible sabotaje cuando algún Estado miembro detecta un fallo de seguridad.
En todos los casos, los expertos insisten en que el riesgo de que un producto en mal estado llegue a los hogares es prácticamente nulo. “Tengan la seguridad de que la seguridad alimentaria no es negociable. Si no se puede garantizar la cadena de frío, por ejemplo porque se ha interrumpido, los minoristas retiran los productos afectados. Sea cual sea la perturbación, nuestra prioridad es la misma: proteger a los consumidores, mantener los productos en movimiento y conservar la confianza de los clientes”, asegura Christel Delberghe, directora general de EuroCommerce, la patronal europea del comercio.
Más allá de garantizar que los alimentos lleguen al consumidor en buen estado, la agencia europea de ciberseguridad advierte de que evitar nuevos ataques exige algo más que desconectar los sistemas de refrigeración de internet. ENISA recomienda segmentar las redes industriales, cifrar los accesos remotos que utilizan los proveedores de mantenimiento y realizar pruebas periódicas para comprobar que los sistemas pueden recuperarse tras un ataque. El organismo también advierte de que los pequeños comercios minoristas, con menos presupuesto y personal, no pueden asumir esta tarea solo. Por eso, exige a los fabricantes de los sistemas de refrigeración que incorporen más estándares de “seguridad desde el diseño y por defecto” en todo el ciclo de vida de los equipos.
¿Pueden los supermercados españoles sufrir un hackeo?
La pregunta es si España podría sufrir un episodio como los registrados en Francia o Bélgica. Los expertos no descartan ese riesgo, pero señalan diferencias en la estructura del mercado y en la organización del mantenimiento del frío que pueden limitar el alcance de un incidente similar.
Para Magarzo, la principal diferencia está en cómo se organiza el mantenimiento de los sistemas de refrigeración. El sector español cuenta con una red poco centralizada de empresas instaladoras y de mantenimiento. Las cadenas trabajan con distintos proveedores locales, técnicos propios e incluso equipos que realizan sus propias instalaciones. Esto reduce, a su juicio, la posibilidad de que un fallo en un único proveedor provoque una interrupción simultánea y masiva en los supermercados, como ocurrió en los países vecinos. Además, la temperatura también se revisa de manera manual al menos dos veces al día. En su opinión, el sector en España tiene también un mejor manejo de las temperaturas porque opera en regiones de mucho calor durante el verano.
Abis, por su parte, destaca la alta concentración del sector (con Mercadona copando alrededor del 30% de la cuota de mercado) como un factor diferencial que puede facilitar una respuesta coordinada ante una incidencia, pero también amplificar sus consecuencias si el ataque afecta a un operador dominante.
El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 ofrece una referencia sobre el impacto económico que puede tener una interrupción generalizada de la refrigeración. Según las estimaciones del sector, los supermercados tuvieron que desechar alimentos por valor de unos 53 millones de euros. El episodio dejó claro que, cuando no puede garantizarse la conservación de un producto, su retirada es obligatoria, con independencia de que el origen del fallo sea eléctrico o informático.
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