Sumar pide al Gobierno que revise el acuerdo del Mundial 2030 para que España ya no lo organice con Marruecos

“El fútbol no puede servir para blanquearlo todo”, sostiene Movimiento Sumar en un documento enviado al Congreso de los Diputados en el que insta al Gobierno a revisar la organización conjunta de España y Portugal con Marruecos del Mundial 2030. La crisis migratoria en Ceuta, en la que 72.000 migrantes han atravesado la frontera española, ha levantado sospechas sobre la fiabilidad del país norteafricano con respecto a España. “La cooperación migratoria no puede funcionar como una llave que se abre o se cierra en función de intereses diplomáticos”, ha suscrito la coalición de izquierdas, que protesta porque, a su juicio, “las personas migrantes no pueden ser utilizadas por el Gobierno marroquí ni criminalizadas al llegar a España”.

En un primer momento se especuló sobre los motivos que había detrás de la permisividad de las autoridades marroquíes que vigilaban su lado de la frontera tras la entrada masiva, que se registró tras la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia, la ley para dar la nacionalidad a los saharauis y una posible rivalidad por albergar la final del Mundial de futbol de 2030. Aunque los servicios de inteligencia españoles concluyen que Marruecos permitió y utilizó la oleada humana sobre Ceuta, señalan que no la planeó y, por tanto, no hubo premeditación.

Tras esto, las explicaciones para la llegada en masa han llegado tanto desde Madrid como desde Rabat. Ambos gobiernos coinciden en señalar a una decisión del Tribunal Supremo español, de comienzos de julio, que prohíbe la expulsión en caliente si la entrada se produce por mar, sin violentar elementos de la frontera.

“Cuando personas desesperadas se convierten en piezas de presión geoestratégica, deja de existir una relación fiable entre socios”, responde Sumar en el escrito firmado por cuatro de sus diputados. El partido de izquierdas asegura que “mientras persistan dudas tan graves sobre el uso político de vidas humanas”, Marruecos no puede “obtener el prestigio, los beneficios económicos y la legitimación internacional de un Mundial”.

Las incógnitas son muchas a cuatro años de la celebración del evento más importante del fútbol. La mayor es cuál será el estadio en el que se disputará la final. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aseguró el pasado enero que se disputará en España y el Santiago Bernabéu es la opción favorita. Pero la FIFA aún no ha tomado la decisión. Marruecos también quiere albergar el último partido y está metiendo presión para conseguirla. Para ello impulsó el proyecto de reforma de su gran estadio, el Hassan II de Casablanca con capacidad de 115.000 espectadores, de la mano del estudio encargado de la última reforma de Wembley.

Desde Sumar argumentan que “el Gobierno no es un espectador ajeno a este proceso” y que por tanto deben revisar si existen “hechos incompatibles con los principios que España afirma defender”. Además, señalan que los compromisos de derechos humanos de la FIFA no pueden “reducirse a un trámite superado durante la adjudicación, sino que deben mantenerse durante toda la preparación y celebración del torneo” y justifican que “la dimensión de los hechos, el fallo de los mecanismos de prevención y los antecedentes documentados obligan a revisar la relación de confianza sobre la que se sostiene la organización conjunta”.

“La defensa de los derechos humanos, la protección de la infancia, la preservación de la vida humana y la exigencia de responsabilidad institucional deben formar parte de la gobernanza de los grandes eventos deportivos internacionales”, apuntan en el escrito. Asimismo, señalan que “resulta necesario impulsar mecanismos de supervisión independientes, promover una mayor transparencia institucional y reforzar el control democrático sobre la organización del Mundial 2030″.