El control constante durante años del exguardia civil que mató a su expareja: llegó a denunciarla 45 veces solo “por joder”

Un grupo de personas durante una concentración en repulsa al asesinato machista cometido el 4 de Agosto en Llanes, Asturias.

“Duraría unos ocho segundos, creía que la mataba, lo primero que observó fue cómo le daba una patada en la cabeza, prosiguiendo la agresión con más patadas y puñetazos dirigidos a la cabeza de la mujer, le llamó la atención la extrema violencia empleada y que él no decía ninguna expresión o insulto, que era como si estuviera fuera de sí”. Esto fue lo que los agentes recogieron de las respuestas del hombre que el 28 de julio de 2019 intervino para que Dámaso Fernández Serantes parara los golpes que estaba dando a la que había sido su pareja, Laura Cruz Vega. Lo hizo colándose con el coche cuando se abrieron las puertas para dar paso a otro vehículo en el cuartel de la Guardia Civil en el que ambos, agentes, habían convivido hasta 2014, en Llanes, en Asturias. Ella intentó amortiguar el ataque, “metiéndose en el coche y haciéndose una bola”, recuerdan fuentes cercanas al caso. Este miércoles no pudo hacer nada, él se coló por una puerta trasera y la asesinó.

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Guardias Civiles durante una concentración en repulsa al asesinato machista cometido el pasado día 4 de Agosto en Llanes, Asturias.Tres chicas encienden velas durante una concentración en repulsa al asesinato machista cometido el pasado día 4 de Agosto en Llanes.Algunas de las pancartas exhibidas durante una concentración en repulsa al asesinato machista cometido el 4 de Agosto en Llanes, Asturias. Dámaso Fernández mató a Laura Cruz, dejando tres huérfanos, después de una última denuncia de su víctima y tras conocer que había sido expulsado del cuerpo  

“Duraría unos ocho segundos, creía que la mataba, lo primero que observó fue cómo le daba una patada en la cabeza, prosiguiendo la agresión con más patadas y puñetazos dirigidos a la cabeza de la mujer, le llamó la atención la extrema violencia empleada y que él no decía ninguna expresión o insulto, que era como si estuviera fuera de sí”. Esto fue lo que le dijo a los agentes el hombre que el 28 de julio de 2019 intervino para que Dámaso Fernández Serantes parara los golpes que estaba dando a la que había sido su pareja, Laura Cruz Vega. Lo hizo colándose con el coche cuando se abrieron las puertas para dar paso a otro vehículo en el cuartel de la Guardia Civil en el que ambos, agentes, habían convivido hasta 2014, en Llanes, en Asturias. Ella intentó amortiguar el ataque, “metiéndose en el coche y haciéndose una bola”, recuerdan fuentes cercanas al caso. Ayer Laura no pudo hacer nada. Este miércoles 5 de agosto, él se coló por una puerta trasera y la asesinó.

A Dámaso “le acababan de comunicar la expulsión del cuerpo tras la resolución del expediente que tenía abierto por violencia machista”, apuntan varias fuentes próximas al caso. El miércoles por la mañana se saltó la orden de alejamiento que tenía en vigor, viajó hasta Llanes desde Zamora ―donde había sido destinado―, entró por esa puerta que conocía de años atrás, “violentó la taquilla de un compañero, le robó el arma, la buscó y le disparó”, detallan fuentes de la Guardia Civil. Los compañeros que estaban en ese momento en el cuartel intentaron detener el ataque.

Se produjo un tiroteo. Dos agentes fueron heridos, uno de ellos, un teniente, de gravedad, aunque permanece estable. Y él, Dámaso, acabó muriendo. “Murió un par de horas después en la ambulancia en la que intentaban estabilizarlo. Un par de horas después de llegar para hacer lo que había ido a hacer. Porque fue hasta allí solo a eso, a matarla”, pronuncia otra fuente próxima a la investigación, que aún no llega a las 48 horas.

Aunque ya hay piezas que se van encajando. Hacía siete años que los dos habían sido incluidos en el sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas y sus agresores. Ella había vuelto a hacer su vida, se había casado. La pulsera antimaltratadores que una vez llevó ya no constaba como medida en vigor. Pero lo más importante y urgente, por lo que implica para ellos este asesinato, es que el hijo y las dos hijas de la pareja son, desde ayer, huérfanos por esta violencia machista. Él tiene 18 años y ellas, gemelas, 14. Y no eran ajenos a lo que sucedía.

Estaban delante en el momento de aquella paliza ante el cuartel, que varios testigos calificaron de “brutal” y de “una extrema violencia”, según la documentación a la que ha accedido EL PAÍS. Dicen los textos judiciales que él, su padre, los sometió “a una situación de estrés injustificada y haciendo caso omiso al sufrimiento que los menores estaban padeciendo y que exteriorizaban en lloros, gritos y peticiones” de que parara.

En ese momento hubo cuatro testigos, ¿ocurrió más veces? ¿Había ocurrido antes? Porque la violencia no empezó aquel día y duró mucho, como siempre lo hace, hasta que no se produce el asesinato. Hay en España alrededor de 200.000 mujeres que denuncian cada año, y se considera que solo se denuncia uno de cada diez casos. Y hay miles de mujeres que cada día sobreviven, literalmente, a hombres como Dámaso. A su violencia. No solo física, también psicológica, emocional, económica.

Y al miedo. Ese “terror, angustia, tristeza, melancolía” que se describe en una de las tres sentencias que acumula este caso sobre el “quebranto” que se produce en las víctimas, y también el hartazgo. Laura se separó de Dámaso en 2014. Pero consta en varios documentos el control que él siempre intentó mantener sobre ella a través de los menores, o con los impagos de una hipoteca común que provocó que Laura no pudiese tener crédito bancario ni para comprar otra vivienda. Tampoco iba a poder pedir un préstamo para pagar los estudios de sus hijos, pensaba.

Él llegó a decirle a una empleada del banco donde estaba registrada esa hipoteca que si Laura quitaba la denuncia, él firmaría el acuerdo. El 16 de julio de 2025 a las 09:27 horas escribió este WhatsApp a la trabajadora del banco: “Buenos días, he pensado que aceptaré las condiciones de las escrituras si proceden a retirar la denuncia penal que han interpuesto contra mí, entendiendo que es beneficioso para ambos, muchas gracias y un saludo”.

La denuncia a la que se refería Dámaso es la de 2019, tras aquel episodio de violencia en el cuartel y por lo que comenzó todo el proceso penal. “Estaba harta”, recuerdan personas cercanas al caso. Harta de lo que ya arrastraba y después harta de un proceso que se alargó durante siete años. Entre 2019 y 2025.

Cuatro testigos y un motivo

En ese juicio declararon ella y seis testigos. Cuatro que estaban presentes en el momento de la agresión, entre ellos un guardia civil, y que según los documentos judiciales “relataron lo ocurrido de forma idéntica entre sí y a lo manifestado por la víctima”. Y dos agentes más que “si bien no presenciaron la agresión, sí la situación generada en torno a la misma”.

Hubo también tres informes médicos que analizaron las “numerosas, graves heridas”: un traumatismo en el lado izquierdo de la cara, una herida inciso-contusa ―en parte golpe, en parte corte― en la cara interna del labio inferior, una pequeña rotura de un diente, un eritema del tímpano del oído derecho que le producía dolor en la mandíbula, molestias en región escapular derecha y un cuadro de ansiedad.

Y mucho antes de todo aquello, cuando en 2014 se separaron después de más de siete años de relación, el juzgado de Instrucción número 1 de Llanes acordó la custodia (para ella) y las visitas (ocho días máximo al mes para él), y él comenzó a denunciarla de forma repetida “con el único propósito de perturbar el ánimo de Laura”, dicen los archivos judiciales.

La denunció al menos 45 veces entre 2014 y 2019. Hubo días que llegó a presentar dos y hasta tres denuncias. Todas tramitadas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Llanes que fueron “archivadas en su práctica totalidad [por no ser constitutivas de ningún delito] sin notificación de su interposición ni de su archivo a la mujer, que tuvo conocimiento de las mismas por cauces extrajudiciales” y que causaron en ella “angustia y desasosiego”, se lee en la documentación.

La denunció por distintas razones, casi siempre relacionados con lo que él alegaba eran incumplimientos con los menores, y muchas veces por “mal uso del vehículo” que compartían. Él, dice la documentación judicial, sabía que no eran constitutivas de delito y aún así lo siguió haciendo. Pero nunca pidió ninguna modificación de medidas respecto a los hijos. Un comandante, llamado a declarar, resumió todas esas denuncias en un único motivo: “Por joder”.

Absuelto de dos delitos

En la última sentencia por este caso que consta a este periódico, de la Audiencia Provincial de Oviedo y fechada el 15 de julio del año pasado, se lee que el interés de Dámaso era ese, simplemente, “joder” a la denunciada. Y en ese fallo la Audiencia estaba respondiendo a los recursos que habían interpuesto tanto la Fiscalía como el acusado a la sentencia anterior, del 24 de mayo de 2024, por Juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo, que fue donde se dio el proceso y que lo condenaba por malos tratos, coacciones y un delito leve de lesiones.

Él pedía ser absuelto del maltrato; y la Fiscalía, que también fuese condenado por acoso y por violencia de género habitual, delitos de los que también se le había acusado. Pero no ocurrió. La Audiencia sí desestimó el recurso de Dámaso, pero no cambió la condena respecto al acoso ni la violencia habitual. Y lo absolvió de ambos.

La pena fue de un año y ocho meses de cárcel; la privación de la tenencia y porte de armas durante cuatro años; la prohibición de aproximarse a su expareja a menos de un kilómetro y de comunicarse con ella durante cinco años; la prohibición de aproximarse a su hijo y sus hijas y de comunicarse con ellos durante tres años y la privación de la patria potestad durante tres años. También tres meses de multa, a diez euros diarios, y, si no cumplía, un día de cárcel por cada dos cuotas no pagadas; una indemnización para su expareja de 6.100 euros; de 1.000 para su hijo; y 1.966,85 euros al hombre que intervino el día de aquella agresión.

En el Instituto Armado, por otra parte, se procedió a la apertura de un expediente por una falta muy grave como es perpetrar esta violencia, y su cambio de destino, a Zamora, donde era adiestrador de perros rastreadores de droga.

Dámaso nunca entró en prisión porque se comprometió con la Justicia a cumplir con el resto de penas de la condena y a no volver a delinquir. Y a finales del año pasado, decayeron todas las medidas. Había pasado tanto tiempo desde que se inició el proceso que aunque la última sentencia es de hace apenas un año, a efectos de las penas computa el tiempo que el condenado las ha tenido impuestas como cautelares.

Y cuando pasa el tiempo, a veces, la guardia baja, y la sensación de peligro puede ir difuminándose. Pero también a veces aparece lo que se llama un disparador, un elemento que propicia una escalada en las intenciones y las ideaciones violentas de los agresores. Laura, el 5 de agosto del año pasado, volvió a denunciar a Dámaso por la coacción que este había intentado ejercer sobre ella con la hipoteca del piso. Y en esa denuncia recordó que la agresión de 2019 se habría producido justo dos meses después de la sentencia que le condenaba al pago obligatorio por vía judicial de los gastos extraescolares desde el 2014 al 2018.

Pasados unos meses, en diciembre, ella solicitó que se acordaran de nuevo esas medidas: la orden de alejamiento, la de protección, la pulsera, no solo para ella, sino también para sus hijos, pero la justicia no vio riesgo. “La denunciante indica la existencia de un riesgo de una posible reiteración delictiva dado que ya ha cumplido la pena de alejamiento, no obstante, no justifica objetivamente dicho riesgo, siendo que desde que se acordó la anterior orden de protección hasta los hechos de julio [cuando la coaccionó con la hipoteca] no consta objetivado ningún otro episodio, ni anterior ni posterior, del que pueda deducirse que se va a producir una acción lesiva para la integridad física o psíquica de la víctima”, se lee en el auto fechado el 19 de diciembre de 2025.

Varias personas cercanas al caso, de distintos ámbitos, piensan que la notificación de la expulsión del cuerpo pudo ser de nuevo un disparador. Que la culpó a ella de esa decisión de la Guardia Civil sin asumir que el único responsable de la violencia que había perpetrado era él. Laura sí se sintió en riesgo, y pidió protección. Pero la Justicia, con los elementos que tenía en aquel momento, decidió denegársela.

Este, junto al asesinato de una mujer también de este miércoles en un centro comercial en Murcia, donde un hombre condenado y con una orden de alejamiento en vigor asesinó a su expareja, son los dos últimos feminicidios machistas que se han producido. Y se está a la espera de la confirmación oficial del asesinato el pasado julio en Benahavís. Cuando suceda, serán 36 las asesinadas en lo que va de año, 1.377 desde 2003. Y ascienden ya a 26 los huérfanos y huérfanas menores de edad que se registra este año por esta violencia, 536 desde que se contabilizan, en 2013.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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