
En La Buena Vida, una librería independiente ubicada en el centro de Madrid, saben que cada renovación del alquiler puede ser el último. Jesús Trueba, su encargado, lleva años viviendo con esa incertidumbre. Su negocio ha cambiado de local dos veces desde que abrió a finales del 2007 y ahora afronta renovaciones de contrato cada vez más cortas. La programación cultural de la librería se organiza casi con un año de antelación, pero la seguridad sobre cuánto tiempo podrán permanecer en el establecimiento no alcanza ese horizonte. “No hacemos planes más allá de cada renovación de alquiler, es muy dramático, ese es el umbral que tenemos”, explica Trueba, de 58 años.

El 64% están en locales alquilados y el 24% de ellas afrontará su renovación durante el próximo año, según un estudio del sector
En La Buena Vida, una librería independiente ubicada en el centro de Madrid, saben que cada renovación del alquiler puede ser el último. Jesús Trueba, su encargado, lleva años viviendo con esa incertidumbre. Su negocio ha cambiado de local dos veces desde que abrió a finales del 2007 y ahora afronta renovaciones de contrato cada vez más cortas. La programación cultural de la librería se organiza casi con un año de antelación, pero la seguridad sobre cuánto tiempo podrán permanecer en el establecimiento no alcanza ese horizonte. “No hacemos planes más allá de cada renovación de alquiler, es muy dramático, ese es el umbral que tenemos”, explica Trueba, de 58 años.
La presión inmobiliaria se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las librerías independientes españolas. Según un adelanto de resultados del Observatorio de la Librería de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), que cuenta con 1.700 librerías en todo el país, el 64,3% de estos establecimientos desarrolla su actividad en un local alquilado. De ellos, el 71,1% tiene un contrato que vence en menos de cinco años y el 24,1% deberá afrontar su renovación durante el próximo año. Además, seis de cada diez librerías que dependen del alquiler consideran que ese gasto lastra mucho o bastante su competitividad.
El debate ha vuelto a cobrar visibilidad en Madrid con el cierre de Pérgamo, una de las librerías más antiguas de la ciudad, fundada en 1946. Su despedida, anunciada en octubre, se interpretó inicialmente como otra víctima de la presión inmobiliaria. Las informaciones posteriores, sin embargo, revelaron un conflicto más complejo entre las propietarias del negocio y los gestores que lo habían reabierto. El local cerrará el 17 de noviembre y, aunque el caso no explica por sí solo las dificultades del sector, sí ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad de las librerías independientes y de otros negocios culturales cuya continuidad depende de poder permanecer en sus locales.
En La Buena Vida, Trueba conoce bien el coste de perder ese espacio. Cada traslado obliga a reconstruir una relación con los lectores que puede tardar años en consolidarse. “Cada vez que cambias de local o te tienes que traspasar, es casi… no te voy a decir que empezar de cero, pero es súperduro”, cuenta. Su librería ha apostado por construir una comunidad alrededor de un perfil de lector (fiel y muy interesado en autores específicos) antes que especializarse en un género concreto. “Estamos especializados en un tipo de clientela, en un tipo de lector, más que en un tipo de libro”, resume. “Me parece que es la única forma que tenemos de sobrevivir”.

La rentabilidad, advierte, deja poco margen para absorber cambios bruscos en los costes. El alquiler y los salarios concentran buena parte de los gastos de una librería, mientras que las grandes cadenas tienen más recursos para competir y pueden ajustar mejor sus precios, y el comercio electrónico presiona las ventas. “No puedes mirar muy a largo plazo tampoco”, lamenta Trueba. A esa competencia se suma la transformación de los barrios, donde los comercios especializados pierden poco a poco espacio frente a franquicias y negocios enfocados al turismo.
Luchando contra varias amenazas
María Bravo Cortés, responsable de la librería Ambra, en Gandía (Valencia), representa una situación menos habitual. El establecimiento, abierto en 1993, ocupa desde 2006 un local de uno 180 metros cuadrados por el que paga uno 1.750 euros mensuales. En 2019 renovó el contrato por 10 años y cuenta con la posibilidad de prorrogarlo a otros cinco, “siempre que ambas partes estén de acuerdo”. También destaca la buena relación que tiene con los propietarios del edificio, que durante la pandemia le ofrecieron no cobrarle los meses en los que no pudiera abrir. “Tengo unos caseros que me encantaría decir que son la norma. Pero la verdad que muchas veces no es así”, reconoce.
Bravo considera que esa estabilidad es una excepción. En su opinión, las librerías afrontan varias amenazas simultáneas: el encarecimiento de los alquileres, la competencia de las grandes cadenas y las plataformas digitales y la dificultad para encontrar un relevo generacional cuando los responsables de las librerías se jubilan. Además, el precio fijo del libro limita la capacidad de los establecimientos para trasladar los aumentos de costes al consumidor. “Somos un comercio, pero tenemos muchas otras opciones que podemos ofrecer”, señala. La programación cultural, las conversaciones con los lectores y la posibilidad de encontrarse en torno a los libros forman parte de esa propuesta.
Ante este escenario, CEGAL plantea que las librerías independientes puedan reconocerse como “espacios culturales singulares”. La iniciativa busca que las administraciones establezcan incentivos fiscales y otras medidas para que los propietarios mantengan estos negocios en sus locales, así como ayudas para los propios libreros. La confederación también está revisando contratos de alquiler con asesoramiento jurídico para anticiparse a los vencimientos de los próximos cinco años.

La propuesta de denominar a las librerías de barrio como “espacios culturales singulares” toma como referencia algunas iniciativas francesas, entre ellas el sello de Librería Independiente de Referencia (LiR), creado en 2009. Este reconocimiento público distingue a establecimientos que mantienen una oferta editorial diversa y desarrollan actividades culturales durante todo el año. Las librerías que lo reciben pueden acceder a determinadas ventajas fiscales y ayudas públicas. CEGAL busca adaptar esa experiencia al contexto español, aunque su planteamiento añade incentivos para los propietarios de los locales, con el objetivo de favorecer la continuidad de estos negocios.
La organización cuenta también con una Oficina Técnica de Transmisión de Librerías, que facilita el relevo de establecimientos cuyos responsables se jubilan o quieren dejar el negocio. Según su portavoz, Álvaro Manso, ha contribuido a transferir 17 librerías en dos años y mantiene 30 procesos en marcha.
Este viernes, con motivo del Día de las Librerías, el sector buscará atraer nuevos lectores bajo el lema: “Entra en la librería, asómate a la cultura”. Pero, más allá de la jornada (que se extenderá por todo el fin de semana) y de las actividades previstas, la reivindicación de fondo es que estos establecimientos puedan seguir formando parte de la vida de los barrios.
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