Endurecer la regulación de los alquileres de temporada fue una de las prioridades del Ministerio de Vivienda durante la negociación de los dos reales decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros. Como había adelantado la ministra, Isabel Rodríguez, en su departamento existía el convencimiento de que la ley de vivienda de 2023 había dejado demasiados resquicios en esta modalidad de arrendamiento, utilizada en muchos casos para esquivar los límites de precio, las restricciones a las subidas de renta y otras garantías previstas para los contratos de vivienda habitual. El Ejecutivo considera que una parte creciente de estos alquileres temporales encubre, en realidad, necesidades residenciales permanentes, una situación que se pretende corregir ahora con el decreto de vivienda y que se concretará en el reglamento posterior.
El decreto de vivienda cierra una de las principales vías de fraude para esquivar los límites de precios y encadenar sin razón contratos temporales
Endurecer la regulación de los alquileres de temporada fue una de las prioridades del Ministerio de Vivienda durante la negociación de los dos reales decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros. Como había adelantado la ministra, Isabel Rodríguez, en su departamento existía el convencimiento de que la ley de vivienda de 2023 había dejado demasiados resquicios en esta modalidad de arrendamiento, utilizada en muchos casos para esquivar los límites de precio, las restricciones a las subidas de renta y otras garantías previstas para los contratos de vivienda habitual. El Ejecutivo considera que una parte creciente de estos alquileres temporales encubre, en realidad, necesidades residenciales permanentes, una situación que se pretende corregir ahora con el decreto de vivienda y que se concretará en el reglamento posterior.
“Hemos articulado un reglamento que va a dar respuesta a los problemas que están conllevando este tipo de alojamientos frente al contrato para una residencia habitual”, señaló la ministra Rodríguez. Con ese objetivo, el decreto redefine las condiciones en las que podrá formalizarse un contrato de temporada. A partir de ahora, será obligatorio acreditar una causa de desplazamiento desde la vivienda habitual que sea, según incide el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “real y acreditable”.
Además, los contratos temporales deberán recoger de forma expresa el motivo que justifica esa situación y tendrán que tener una duración superior a 31 días y que, “como regla general”, no exceda de 12 meses. La norma añade que, cuando la duración supere ese plazo sin una justificación suficiente o se encadenen más de dos contratos consecutivos sobre una misma vivienda entre las mismas partes, el arrendamiento pasará a considerarse un contrato de vivienda habitual, con todas las garantías asociadas a esta modalidad.
La reforma también establece mecanismos para evitar el uso fraudulento de esta figura. Así, la norma dispone que “la ausencia de una causa de temporalidad debidamente prevista en el contrato” privará al arrendamiento de su naturaleza temporal y comportará su sometimiento al régimen del alquiler habitual. Del mismo modo, cuando un contrato de temporada se prolongue más de 12 meses sin justificación o se encadenen “más de dos contratos de arrendamiento de vivienda temporal de forma consecutiva, entre las mismas partes y sobre la misma vivienda”, el primero de ellos pasará a considerarse un contrato de vivienda habitual, con todas las garantías asociadas a esta modalidad.
El contenido del real decreto corrige los agujeros que había dejado la ley de 2023. Singularmente, refuerza la idea de que la protección jurídica de los inquilinos debe depender del uso real de la vivienda y no de la etiqueta que figure en el contrato. El cambio de filosofía es, por ello, relevante: frente a un marco que dejaba amplios márgenes de interpretación, la nueva regulación intenta cerrar las vías de escape. “Con el trabajo realizado sobre los alquileres de temporada, los alojamientos turísticos y el nuevo reglamento europeo, hemos articulado una regulación para dar respuesta a los problemas que está generando este tipo de alojamientos cuando sustituyen a los contratos destinados a residencia habitual”, indicó la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo.
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