El empoderamiento político a costa de estigmatizar a la población inmigrante es una dinámica social tan elemental y primitiva que probablemente se remonta a la noche de los tiempos. Los jefes tribales, para fortalecer y unir al clan frente a las invasiones extranjeras, se dirigían al pueblo ensalzando la pureza étnica y las costumbres nativas, y adquirían así prestigio social, demonizando a los intrusos que venían de fuera, que son el enemigo. Ese odio atávico tal vez no era del todo consciente en la antigüedad, pues consistía en una reacción básicamente emocional que se justificaba, a fin de cuentas, como mecanismo de defensa frente a la percepción de un peligro cierto: la devastación de las hordas invasoras. Pero de aquel tiempo a esta parte, después de atravesar el mundo por dos guerras mundiales, muchas matanzas crueles e innecesarias, y llegar la humanidad al borde del holocausto nuclear empleando armas de destrucción masiva, al ver reflejado todo ese mal, reproducido al instante en los medios de comunicación de masas, ya nadie puede declararse inocente y ajeno ante las proclamas de un cacique iracundo. Los discursos racistas y xenófobos se cobran en votos. Ha ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, con Jair Bolsonaro en Brasil, con Narendra Modi en la India, o con Marine Le Pen en Francia, entre otros ejemplos de líderes políticos que incluyen la islamofobia y el populismo reaccionario en sus agendas. Y en nuestro entorno más cercano, con formaciones como Aliança Catalana, que ha pasado de ser un partido minoritario con dos diputados –con un 3,8% de los votos actualmente– a tener una intención de voto del 15,1%, es decir, multiplicar por cuatro los votos y por doce los escaños, situándose como tercera fuerza en el Parlament de Cataluña, según la reciente encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO). Esta pujanza de Aliança Catalana ocurre casualmente al mismo tiempo que la Comisión del Estatuto de los Diputados denuncia que su líder, Sílvia Orriols, está vertiendo reiteradamente mensajes discriminatorios contra las personas de origen musulmán, y ello tras haber sido multada en otra ocasión por la Oficina de Igualdad de Trato por sus discursos de odio contra la comunidad islámica. Esta claro que el debate público sobre los problemas de la inmigración no se puede censurar. Los representantes políticos pueden proponer soluciones a estas cuestiones, mas al hacerlo «deben evitar hacer apología de la discriminación racial y recurrir a comentarios o actitudes vejatorias o humillantes», tal y como recalca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Féret contra Bélgica), pues el discurso de odio puede acabar generando violencia y prácticas discriminatorias contra la población extranjera. Deshumanizar a la persona inmigrante y hacerla responsable de los conflictos sociales y comunitarios –impondrán sus tradiciones, nos robarán el pan y la sal, etc.–, son mensajes que calan en una sociedad descontenta, sobre todo cuando existen problemas estructurales en los servicios públicos. La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament de Cataluña ha alertado sobre esta clase de discursos de odio, pidiendo informar a los grupos políticos que eleven a la Fiscalía sus denuncias. Asimismo, ha propuesto sancionar a Orriols y Joan Garriga (Vox) por vulnerar el Código de Conducta al haber mantenido actitudes discriminatorias contra otros disputados, pero advierte que no existe suficiente seguridad jurídica para imponer determinadas sanciones, ya que actualmente no están previstas de un modo explícito. Sería necesario actualizar la normativa y reformar el reglamento de la Cámara, para que se incorpore un nuevo y actualizado código de conducta. Anteriores compromisos, como la «Declaración de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso» tuvieron la misma finalidad, «trabajar para garantizar un Parlament libre de machismo, LGTB-fobia, racismo, edadismo, capacitismo y cualquier tipo de discriminación, tanto en lo que se refiere a los discursos de odio como a los comportamientos». Todos los diputados y diputadas han firmado esta declaración de principios, salvo los de Aliança Catalana y Vox, que todavía no han alzado la vista hacia ese horizonte de no retorno, el que llevó a Europa a prohibir y penalizar la provocación a la discriminación y la apología del genocidio.David Miras Estévez Es abogado Experto en delitos de odio y discriminación El empoderamiento político a costa de estigmatizar a la población inmigrante es una dinámica social tan elemental y primitiva que probablemente se remonta a la noche de los tiempos. Los jefes tribales, para fortalecer y unir al clan frente a las invasiones extranjeras, se dirigían al pueblo ensalzando la pureza étnica y las costumbres nativas, y adquirían así prestigio social, demonizando a los intrusos que venían de fuera, que son el enemigo. Ese odio atávico tal vez no era del todo consciente en la antigüedad, pues consistía en una reacción básicamente emocional que se justificaba, a fin de cuentas, como mecanismo de defensa frente a la percepción de un peligro cierto: la devastación de las hordas invasoras. Pero de aquel tiempo a esta parte, después de atravesar el mundo por dos guerras mundiales, muchas matanzas crueles e innecesarias, y llegar la humanidad al borde del holocausto nuclear empleando armas de destrucción masiva, al ver reflejado todo ese mal, reproducido al instante en los medios de comunicación de masas, ya nadie puede declararse inocente y ajeno ante las proclamas de un cacique iracundo. Los discursos racistas y xenófobos se cobran en votos. Ha ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, con Jair Bolsonaro en Brasil, con Narendra Modi en la India, o con Marine Le Pen en Francia, entre otros ejemplos de líderes políticos que incluyen la islamofobia y el populismo reaccionario en sus agendas. Y en nuestro entorno más cercano, con formaciones como Aliança Catalana, que ha pasado de ser un partido minoritario con dos diputados –con un 3,8% de los votos actualmente– a tener una intención de voto del 15,1%, es decir, multiplicar por cuatro los votos y por doce los escaños, situándose como tercera fuerza en el Parlament de Cataluña, según la reciente encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO). Esta pujanza de Aliança Catalana ocurre casualmente al mismo tiempo que la Comisión del Estatuto de los Diputados denuncia que su líder, Sílvia Orriols, está vertiendo reiteradamente mensajes discriminatorios contra las personas de origen musulmán, y ello tras haber sido multada en otra ocasión por la Oficina de Igualdad de Trato por sus discursos de odio contra la comunidad islámica. Esta claro que el debate público sobre los problemas de la inmigración no se puede censurar. Los representantes políticos pueden proponer soluciones a estas cuestiones, mas al hacerlo «deben evitar hacer apología de la discriminación racial y recurrir a comentarios o actitudes vejatorias o humillantes», tal y como recalca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Féret contra Bélgica), pues el discurso de odio puede acabar generando violencia y prácticas discriminatorias contra la población extranjera. Deshumanizar a la persona inmigrante y hacerla responsable de los conflictos sociales y comunitarios –impondrán sus tradiciones, nos robarán el pan y la sal, etc.–, son mensajes que calan en una sociedad descontenta, sobre todo cuando existen problemas estructurales en los servicios públicos. La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament de Cataluña ha alertado sobre esta clase de discursos de odio, pidiendo informar a los grupos políticos que eleven a la Fiscalía sus denuncias. Asimismo, ha propuesto sancionar a Orriols y Joan Garriga (Vox) por vulnerar el Código de Conducta al haber mantenido actitudes discriminatorias contra otros disputados, pero advierte que no existe suficiente seguridad jurídica para imponer determinadas sanciones, ya que actualmente no están previstas de un modo explícito. Sería necesario actualizar la normativa y reformar el reglamento de la Cámara, para que se incorpore un nuevo y actualizado código de conducta. Anteriores compromisos, como la «Declaración de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso» tuvieron la misma finalidad, «trabajar para garantizar un Parlament libre de machismo, LGTB-fobia, racismo, edadismo, capacitismo y cualquier tipo de discriminación, tanto en lo que se refiere a los discursos de odio como a los comportamientos». Todos los diputados y diputadas han firmado esta declaración de principios, salvo los de Aliança Catalana y Vox, que todavía no han alzado la vista hacia ese horizonte de no retorno, el que llevó a Europa a prohibir y penalizar la provocación a la discriminación y la apología del genocidio.David Miras Estévez Es abogado Experto en delitos de odio y discriminación
El empoderamiento político a costa de estigmatizar a la población inmigrante es una dinámica social tan elemental y primitiva que probablemente se remonta a la noche de los tiempos. Los jefes tribales, para fortalecer y unir al clan frente a las invasiones extranjeras, se dirigían … al pueblo ensalzando la pureza étnica y las costumbres nativas, y adquirían así prestigio social, demonizando a los intrusos que venían de fuera, que son el enemigo. Ese odio atávico tal vez no era del todo consciente en la antigüedad, pues consistía en una reacción básicamente emocional que se justificaba, a fin de cuentas, como mecanismo de defensa frente a la percepción de un peligro cierto: la devastación de las hordas invasoras. Pero de aquel tiempo a esta parte, después de atravesar el mundo por dos guerras mundiales, muchas matanzas crueles e innecesarias, y llegar la humanidad al borde del holocausto nuclear empleando armas de destrucción masiva, al ver reflejado todo ese mal, reproducido al instante en los medios de comunicación de masas, ya nadie puede declararse inocente y ajeno ante las proclamas de un cacique iracundo.
Los discursos racistas y xenófobos se cobran en votos. Ha ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, con Jair Bolsonaro en Brasil, con Narendra Modi en la India, o con Marine Le Pen en Francia, entre otros ejemplos de líderes políticos que incluyen la islamofobia y el populismo reaccionario en sus agendas. Y en nuestro entorno más cercano, con formaciones como Aliança Catalana, que ha pasado de ser un partido minoritario con dos diputados –con un 3,8% de los votos actualmente– a tener una intención de voto del 15,1%, es decir, multiplicar por cuatro los votos y por doce los escaños, situándose como tercera fuerza en el Parlament de Cataluña, según la reciente encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO). Esta pujanza de Aliança Catalana ocurre casualmente al mismo tiempo que la Comisión del Estatuto de los Diputados denuncia que su líder, Sílvia Orriols, está vertiendo reiteradamente mensajes discriminatorios contra las personas de origen musulmán, y ello tras haber sido multada en otra ocasión por la Oficina de Igualdad de Trato por sus discursos de odio contra la comunidad islámica.
Esta claro que el debate público sobre los problemas de la inmigración no se puede censurar. Los representantes políticos pueden proponer soluciones a estas cuestiones, mas al hacerlo «deben evitar hacer apología de la discriminación racial y recurrir a comentarios o actitudes vejatorias o humillantes», tal y como recalca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Féret contra Bélgica), pues el discurso de odio puede acabar generando violencia y prácticas discriminatorias contra la población extranjera. Deshumanizar a la persona inmigrante y hacerla responsable de los conflictos sociales y comunitarios –impondrán sus tradiciones, nos robarán el pan y la sal, etc.–, son mensajes que calan en una sociedad descontenta, sobre todo cuando existen problemas estructurales en los servicios públicos.
La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament de Cataluña ha alertado sobre esta clase de discursos de odio, pidiendo informar a los grupos políticos que eleven a la Fiscalía sus denuncias. Asimismo, ha propuesto sancionar a Orriols y Joan Garriga (Vox) por vulnerar el Código de Conducta al haber mantenido actitudes discriminatorias contra otros disputados, pero advierte que no existe suficiente seguridad jurídica para imponer determinadas sanciones, ya que actualmente no están previstas de un modo explícito. Sería necesario actualizar la normativa y reformar el reglamento de la Cámara, para que se incorpore un nuevo y actualizado código de conducta. Anteriores compromisos, como la «Declaración de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso» tuvieron la misma finalidad, «trabajar para garantizar un Parlament libre de machismo, LGTB-fobia, racismo, edadismo, capacitismo y cualquier tipo de discriminación, tanto en lo que se refiere a los discursos de odio como a los comportamientos». Todos los diputados y diputadas han firmado esta declaración de principios, salvo los de Aliança Catalana y Vox, que todavía no han alzado la vista hacia ese horizonte de no retorno, el que llevó a Europa a prohibir y penalizar la provocación a la discriminación y la apología del genocidio.
David Miras Estévez
Es abogado
Experto en delitos de odio y discriminación
RSS de noticias de espana/cataluna
