Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio y Colombia el 10 de agosto, o el más reciente que ha afectado a Granada esta semana, han vuelto a poner sobre la mesa una realidad que los expertos llevan años recordando: los seísmos no son, por sí mismos, los responsables de las tragedias. Son los edificios incapaces de resistir el movimiento del sismo los que terminan provocando la mayoría de las víctimas. En España, donde existen zonas de elevada peligrosidad sísmica, como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana, la pregunta siempre es obligada: ¿está realmente preparado el parque edificado para soportar un seísmo de gran intensidad? Si bien el país dispone de los medios para construir edificios capaces de resistir terremotos, mantiene miles de bloques de viviendas levantados antes de que existieran criterios de diseño sismorresistente.
Gran parte de las viviendas se levantaron antes de que hubiera criterios de construcción resistentes a los terremotos
Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio y Colombia el 10 de agosto, o el más reciente que ha afectado a Granada esta semana, han vuelto a poner sobre la mesa una realidad que los expertos llevan años recordando: los seísmos no son, por sí mismos, los responsables de las tragedias. Son los edificios incapaces de resistir el movimiento del sismo los que terminan provocando la mayoría de las víctimas. En España, donde existen zonas de elevada peligrosidad sísmica, como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana, la pregunta siempre es obligada: ¿está realmente preparado el parque edificado para soportar un seísmo de gran intensidad? Si bien el país dispone de los medios para construir edificios capaces de resistir terremotos, mantiene miles de bloques de viviendas levantados antes de que existieran criterios de diseño sismorresistente.
Peter Tanner, investigador del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC), resume la situación: “Disponemos de todos los conocimientos, herramientas y tecnologías necesarios para proyectar y construir estructuras nuevas que sean sismorresistentes”. Lo decisivo, considera, es, sobre todo, la capacidad del edificio para deformarse sin colapsar. Esta capacidad, conocida como ductilidad, constituye uno de los principios básicos de la ingeniería sísmica. Un edificio preparado para soportar un terremoto no es el más rígido, sino el que puede absorber parte de la energía liberada por el seísmo sin perder su estabilidad.
Sin embargo, la realidad del parque inmobiliario español obliga a mirar hacia atrás. María José Peñalver, secretaria general del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), recuerda que entre el 30% y el 35% de los edificios fueron construidos durante los años sesenta y setenta, cuando todavía no existía el concepto de diseño sismorresistente actual. En este sentido, la normativa sismorresistente española, la NCSE-02, aprobada en 2002, sigue vigente hoy y tiene un antecedente directo en la NCSE-64; antes hubo normas de 1968 y 9174 con una aplicación muy limitada.
Aunque Peñalver rechaza identificar de manera correlativa antigüedad con inseguridad: “Lo importante no es tanto la ausencia de norma en su día o un parque antiguo, como la falta de mantenimiento y seguimiento de muchos edificios, cuyos materiales se degradan, y su comportamiento ante cualquier solicitación —sísmica o no— depende de su estado de conservación”. Del mismo modo, los daños observados en los edificios tras grandes terremotos muestran que determinadas deficiencias estructurales se repiten con frecuencia. Entre ellas destacan, según el análisis de los expertos, el denominado “pilar corto”, que aumenta la rigidez de un soporte hasta provocar su rotura, o los “pisos blandos”, habituales en bloques con plantas bajas, normalmente destinadas a locales comerciales sin tabiquería, y que concentran el colapso. A estos problemas se añaden los nudos insuficientemente armados entre vigas y pilares o las fachadas de fábrica no armada.
“Esa combinación de pilar corto, planta baja diáfana y fachada no anclada es, sin exagerar, la fotografía de buena parte de la construcción popular española de la posguerra hasta los años ochenta”, reconoce María José Peñalver. Por su parte, Ignacio Arto, doctor ingeniero de Edificación y colaborador del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), destaca que los puntos débiles de un edificio y que un terremoto se encarga de manifestar son en muchos casos elementos no estructurales. “Trozos de fachadas, balcones o cornisas que caen desde cierta altura se convierten en elementos capaces de crear un gran daño”, concreta. Como ocurrió con las víctimas mortales del terremoto de Lorca de 2011, que se vieron sorprendidos por este tipo de elementos al caer a la calle.
Frente a esta realidad, Tanner insiste en que no existe una solución universal para una adecuación antisísmica del edificio, sino que se debe ajustar a cada estructura o grupo de estructuras. En algunos casos bastará con reforzar determinados elementos y en otros será necesario modificar el sistema resistente o incorporar disipadores sísmicos y materiales como los polímeros reforzados con fibra de carbono para mejorar su comportamiento.
Peñalver coincide en que no hay una solución única; depende de la tipología del edificio y del presupuesto disponible. Para un edificio residencial típico de los años setenta u ochenta, sin ascensor, de unos 1.500 metros cuadrados, una rehabilitación sísmica integral suele situarse entre 350 y 450 euros por metro cuadrado. Entre las actuaciones más eficaces destacan el encamisado de pilares críticos combinado con el atado de fachadas. Se trata de dos intervenciones dirigidas a atacar las dos causas de mortalidad más frecuentes —el colapso frágil de pórticos y la caída de elementos no estructurales— con una inversión moderada y sin necesidad de desalojar el edificio. A esas intervenciones suelen añadirse otras como hacer más rígidos los forjados, con un coste aproximado de entre 30 y 60 euros por metro cuadrado, o el refuerzo de las plantas bajas diáfanas, que puede alcanzar entre 400 y 800 euros por metro cuadrado.
Aun contando con el presupuesto, la secretaria general del CSCAE advierte de una importante limitación: “Un edificio puede aprobar perfectamente el Informe de Evaluación del Edificio —IEE— y ser gravemente vulnerable ante un sismo”, porque la inspección detecta problemas de conservación, pero no analiza el comportamiento sísmico de la estructura, para lo que resulta imprescindible realizar estudios específicos de vulnerabilidad.
La necesidad de actuar sobre el parque edificado también pasa por actualizar la normativa. Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, lamenta que España acumule “más de 20 años de retraso” en la implantación del Eurocódigo 8, la normativa europea para el diseño de estructuras resistentes a terremotos. Se trata de un estándar consolidado, aplicado ya en países de sismicidad comparable o incluso menor que la española, como Italia, Grecia o Portugal. España es el único país de Europa donde no se aplica.
Frente a la norma española NCSE-02, el Eurocódigo 8 no se limita a exigir que la estructura resista la fuerza del sismo por pura rigidez, sino que obliga a que el edificio sea capaz de disipar esa energía deformándose de forma controlada, sin colapsar. “Es la diferencia entre diseñar un edificio para no moverse —lo que puede provocar su colapso frágil— y diseñarlo para que se mueva sin causar pérdidas humanas”, expresa el ingeniero.
Ignacio Arto comparte esta opinión al considerar que hay que acercar la normativa nacional hacia el Eurocódigo 8, “ya que en este aparecen criterios de cálculo y constructivos que mejorarían el desempeño de los edificios que se están proyectando y construyendo actualmente”. “Si en Lorca los edificios hubieran estado calculados con el Eurocódigo 8, muy probablemente no habría habido víctimas”, concluye Aurín, que propone una auténtica “auditoría forense” de los edificios existentes en las zonas españolas de mayor riesgo sísmico, comenzando por hospitales y colegios.
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