La entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, producida fundamentalmente el pasado jueves, comienza a judicializarse. La Audiencia Nacional ha solicitado a la Guardia Civil que informe de si tuvo algún indicio o información, los días previos a la avalancha, que alertase de que esta se iba a producir. La investigación se inició a raíz de una denuncia del partido Iustitia Europa en la que pedía al tribunal que investigase los delitos “contra la seguridad del Estado, delitos contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos”.
La instructora solicita también datos sobre los operativos de rescate y los fallecidos
La instructora solicita también datos sobre los operativos de rescate y los fallecidos
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La entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, producida fundamentalmente el pasado jueves, comienza a judicializarse. La Audiencia Nacional ha solicitado a la Guardia Civil que informe de si tuvo algún indicio o información, los días previos a la avalancha, que alertase de que esta se iba a producir. La investigación se inició a raíz de una denuncia del partido Iustitia Europa en la que pedía al tribunal que investigase los delitos “contra la seguridad del Estado, delitos contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos”.
La cuestión de si hubo indicios o alertas previas que pudiesen haber preparado a los efectivos situados en la frontera, que fueron completamente superados por la avalancha humana, es una de las claves de esta crisis. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistía este miércoles en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no alertó de una llegada masiva de migrantes a Ceuta. Pero sí admitía que hubo avisos en los días previos de que, como es habitual en verano, podía haber “una ampliación, una elevación” del número de entradas irregulares por mar en la ciudad autónoma y de que en esta ocasión se podían “ver fomentadas” por la sentencia del Tribunal Supremo de comienzos de julio que prohibía las devoluciones en caliente de aquellas personas que entrasen a nado.
En una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada titular del Tribunal Central de Instancia número 3, María Tardón, solicita además a la Jefatura de Información del instituto armado que dé detalles sobre los días más críticos de la crisis migratoria —el 30 y el 31 de julio—, “particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas, así como, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización”.
El balance provisional de fallecidos es de 77. En las primeras horas, tras la entrada irregular de más de 70.000 personas del jueves, se recuperaron del mar 20 cuerpos. Al día siguiente fueron unos 40. Sus cuerpos se custodian ahora en un hangar refrigerado en el viejo hospital militar de la ciudad autónoma. Las autopsias casi están terminadas y se buscan formas de colaboración con Marruecos para identificar a los fallecidos.
No es la primera decisión de la instructora dentro de esta, de momento, incipiente causa: este martes, la magistrada solicitó a la Policía Nacional un informe sobre la entrada “irregular masiva” de migrantes en Ceuta en los últimos días para dilucidar si se trató de “una acción concertada o dirigida” por algún “grupo criminal”. La solicitud busca establecer si la Audiencia Nacional es competente para investigar y más tarde juzgar los delitos denunciados por Iustitia Europa, partido que forma parte de las acusaciones populares de, entre otros, el juicio al hermano de Pedro Sánchez o de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
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