Lei, una mujer menuda de 37 años, mira el móvil sentada en un poyete. Parece llevar consigo todo lo que tiene; a sus pies se acumulan una maleta, bolsas y otros bultos. Es martes 7 de julio, a última hora de la tarde, en Zhengzhou, la capital de Henan, en el centro de China. Lei viste el uniforme rojo del restaurante de hot pot en el que, hasta hace un rato, trabajaba. Lo ha dejado antes de finalizar el periodo de prueba, porque no aguantaba las “pésimas condiciones” ni el horario infinito, “de 9.00 a 23.00, con solamente hora y media de descanso”, describe. “Trabajé dos días y terminé agotada. No me van a pagar nada, he trabajado gratis. Nunca coman allí”, se queja.
El Gobierno impulsa una reforma para que casi 358 millones de ciudadanos que viven fuera de donde tienen registrada su residencia accedan a los servicios públicos en igualdad de condiciones que los locales
Lei, una mujer menuda de 37 años, mira el móvil sentada en un poyete. Parece llevar consigo todo lo que tiene; a sus pies se acumulan una maleta, bolsas y otros bultos. Es martes 7 de julio, a última hora de la tarde, en Zhengzhou, la capital de Henan, en el centro de China. Lei viste el uniforme rojo del restaurante de hot pot en el que, hasta hace un rato, trabajaba. Lo ha dejado antes de finalizar el periodo de prueba, porque no aguantaba las “pésimas condiciones” ni el horario infinito, “de 9.00 a 23.00, con solamente hora y media de descanso”, describe. “Trabajé dos días y terminé agotada. No me van a pagar nada, he trabajado gratis. Nunca coman allí”, se queja.
Oriunda de la provincia de Jiangxi, en el sur del país, Lei llegó a Zhengzhou en junio para trabajar en la fábrica que el gigante tecnológico taiwanés Foxconn tiene en la ciudad. El inmenso complejo manufacturero es el principal centro de ensamblaje de iPhone del planeta y una pieza fundamental de la cadena de producción de Apple. Sus líneas de montaje requieren mano de obra según el calendario de lanzamientos de la compañía de Cupertino y, antes de la salida de un nuevo modelo, incorporan a decenas de miles de empleados temporales, como si se tratase de una vendimia industrial en la que, en lugar de recoger uvas, se ensamblan teléfonos inteligentes. China Labour Watch (organización con sede en EE UU) calcula que, durante los meses de producción del iPhone17, en 2025, la plantilla rondó los 200.000 empleados.
“No logré adaptarme al horario nocturno, llevaba ocho años sin trabajar de noche”, cuenta Lei sobre su breve paso por Foxconn. De esa experiencia ganó alrededor de 1.000 yuanes (129 euros). Ahora busca un nuevo empleo, quizás en Zhengzhou, quizás en otro lugar. Lleva desde los 16 años ganándose la vida a saltos entre distintos sectores y provincias de China. Estuvo en Hubei (centro), Jiangsu (este) y Cantón (sur), dedicándose a la construcción, la electrónica y la hostelería.
Su recorrido no es excepcional. Fábricas como la de Foxconn se nutren de trabajadores que llegan desde otras ciudades y provincias, se quedan unas semanas o unos meses y vuelven a ponerse en marcha cuando se acaba el contrato o encuentran una oportunidad mejor. Esa movilidad ha sido uno de los motores del desarrollo industrial del país, pero, paradójicamente, también revela una de sus grandes contradicciones: quienes sostienen la actividad económica de una ciudad no siempre acceden a los mismos servicios públicos que la población local.
Lei forma parte de los cientos de millones de chinos que viven lejos de donde tienen inscrito su hukou, el registro de residencia, que, por norma general, permanece vinculado a la localidad donde está inscrito el hogar familiar. Trasladarlo a donde realmente se vive o trabaja exige el cumplimiento de requisitos muy estrictos, especialmente en metrópolis como Pekín o Shanghái, como años de empleo estable, cotizaciones e impuestos, superar un sistema de puntos o encajar en alguna de las vías reservadas a profesionales cualificados, empresarios o familiares de residentes.
Operativo desde 1958, en sus inicios, fue una herramienta para limitar el éxodo del campo a la ciudad y sostener el funcionamiento de la economía planificada. Pero, con el cambio de los tiempos y la industrialización de las zonas costeras, a principios de los ochenta se disparó la demanda de mano de obra y el modelo empezó a mostrar sus limitaciones. El sistema se ha ido flexibilizando progresivamente desde entonces, aunque de forma desigual según el tamaño y la capacidad económica de cada ciudad.
Ahora, en un contexto en el que la economía y el mercado laboral están sufriendo cambios estructurales, adaptar el sistema se ha convertido en una cuestión urgente para Pekín. En mayo, el Consejo de Estado (el Ejecutivo) emitió unas directrices para que los servicios públicos básicos “se presten en función del lugar de residencia habitual de las personas, y no de donde esté registrado su hukou”.
La medida no supone abolirlo, sino modificar progresivamente el criterio con el que se distribuyen los recursos. “El principal avance es ampliar el objeto básico de la gobernanza urbana y de los servicios públicos a todos los residentes”, señalan desde el Instituto de Investigación Económica Tianhe (Pekín). Apostillan que, en el futuro, “la capacidad de gobierno de una ciudad deberá evaluarse también por su capacidad para acoger e integrar a quienes llegan de fuera”.
Según los datos censales más recientes, casi 358 millones de personas, de los 1.400 millones que viven en el país, residen en un lugar diferente al que refleja su hukou. La denominada “población flotante” es una categoría más amplia que la de trabajadores migrantes de zonas rurales e incluye, además de a estos últimos, a estudiantes, empleados desplazados y sus familiares. Las plataformas digitales han impulsado recientemente el empleo temporal, flexible y autónomo, lo que ha aumentado aún más la movilidad.
Las nuevas directrices tratan de adaptar los servicios públicos a esa realidad y abarcan seis frentes: educación, vivienda, seguridad social, atención sanitaria, empleo y servicios asistenciales. Plantean ampliar las plazas públicas para los hijos de migrantes internos; el acceso a vivienda protegida de alquiler; eliminar restricciones para cotizar; facilitar la cobertura sanitaria y los reembolsos entre regiones, e incorporar gradualmente a los residentes sin hukou local a los servicios de empleo, atención a mayores, ayuda a la infancia y asistencia social.
Lei conoce bien el coste que supone no tener hukou de una gran ciudad. Su hija, de 14 años, vive en su provincia natal, a cientos de kilómetros, porque solo allí puede ir a la escuela pública. Solo la ve una vez al año, aunque asegura que la adolescente preferiría estar con ella. “Pero no quiero que sufra conmigo hasta que encuentre un trabajo estable”, asevera. Lei siempre ha pagado por cuenta propia su seguro médico y el de su hija, además de sus cotizaciones sociales, “para tener algún respaldo”, manifiesta.
Aunque la migración interna en China suele asociarse a grandes desplazamientos interprovinciales, la mayoría de los trabajadores rurales ni siquiera abandona la suya. Aun así, al mudarse a la ciudad, muchos no disfrutan de las mismas prestaciones que en su localidad natal. Es el caso del sexagenario señor Zhu. Casi todas las mañanas, se acerca en moto a Dongjiancai, un gran mercado de materiales de construcción del este de Zhengzhou. Aparca y coloca en el frontal de su vehículo un cartel en el que enumera sus servicios: desde montar un falso techo o cambiar una ventana, hasta hacer las veces de fontanero o electricista. El 8 de julio, aguardaba la llegada de algún cliente junto a otros hombres que, como él, anunciaban sus habilidades a pie de calle. A unos 500 metros, otro grupo repetía esa escena.
Zhu es de la provincia y lleva más de 20 años asentado en Zhengzhou, donde ha trabajado en fábricas y almacenes y, ahora, repara “cualquier cosa”. Pero se define como “forastero”. Su mujer vive en el campo; su hijo, en Shandong, en el este del país. “Tenemos la casa familiar en el pueblo. En Zhengzhou no puedo comprar”, afirma Zhu, quien reconoce, no obstante, que, en los últimos años, la capital provincial “está mejorando los servicios y acogiendo a más” personas como él.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2025, China contaba con 180 millones de trabajadores migrantes de zonas rurales empleados fuera de su localidad de origen (0,8% más que en 2024). De esos, 112 millones se desplazaron a otro municipio de su provincia (un 1,9% más que el año anterior), mientras que cerca de 68 millones emigraron a otra región (un 1,1% menos que en 2024).
Henan, la tercera provincia más poblada de China, ha sido tradicionalmente una emisora de mano de obra hacia las zonas industriales del este y sur del país. Pero Zhengzhou, de 13 millones de habitantes y uno de los principales nudos ferroviarios y logísticos nacionales, se ha convertido ahora en un imán para trabajadores de la región. Uno de los grandes motores de ese poder de atracción es Foxconn.
“Estamos súper cansadas, trabajamos diez horas al día”, comenta una veinteañera que prefirió no identificarse al finalizar su turno en la fábrica, sobre las 18.00. Era su primera jornada y la segunda de las otras dos muchachas que la acompañaban. Son de Zhoukou, a 200 kilómetros. Han venido atraídas “por un buen sueldo por hora” (25 yuanes, 3,23 euros) y planean quedarse “un par de meses, para ahorrar”. Ella ya tiene trabajo asegurado en septiembre, como profesora de preescolar.
“Foxconn ha traído cambios enormes”, reconoce una conductora de sanlunche (un triciclo motorizado) de unos 60 años, apostada en una esquina cercana a una de las naves. Cuenta que se crio donde hoy se levanta el aeropuerto, en un área que posteriormente quedaría integrada en la gran zona económica aeroportuaria de la ciudad, donde aterrizó Foxconn en 2010: “Nos tuvimos que ir. Nos dieron una compensación económica y una casa nueva”, relata. Asegura, sin embargo, estar “encantada” con la transformación: “Hay más gente, el negocio va mejor”.
A medida que cae la tarde y una marea de trabajadores desfila desde o hacia las líneas de montaje, aparece un mercadillo improvisado. “En esta época llega mucha gente de fuera”, destaca la dueña de un puesto de salchichas, mientras juguetea con su hijo, de apenas dos años. Su marido es quien tiene hukou local. “Es mejor vivir en la ciudad cuando el niño vaya a la escuela”, explica sonriente.
No muy lejos, en una zona de apartamentos, Li, de 50 años, contempla ese ir y venir. Nació en Luoyang, a unos 140 kilómetros de Zhengzhou, y a los 22 años emigró a Guangzhou, la capital cantonesa. Allí trabajó durante más de dos décadas fabricando joyas y accesorios; aprendió cantonés y se acostumbró a una región donde, recuerda, se comía y se vivía mejor que en el Henan empobrecido de su juventud.
Se casó con una local y compró una vivienda nueva en 2004, lo que entonces permitía solicitar un traslado de hukou. Pero la burocracia jugó en su contra y la normativa cambió antes de que pudiera terminar el trámite. El hijo del matrimonio heredó al nacer el hukoucantonés de la madre; “más ventajoso que el mío”, insiste Li. “Después de tantos años trabajando en Cantón, sigo siendo oficialmente de Henan”, resume.
Ha regresado para estar más cerca de su padre, cuya salud se ha deteriorado, pero su mujer e hijo permanecen en el sur, a unos 1.400 kilómetros. El año pasado trabajó tres meses en Foxconn y, después del Año Nuevo chino, decidió repetir. Vive en una de las residencias para trabajadores, compartiendo habitación con otros cinco empleados.
Algunas noches, trabaja un par de horas como conductor por encargo: cuando alguien no está en condiciones para conducir su vehículo, Li acude en una pequeña bicicleta eléctrica plegable, la guarda en el maletero, y lleva al cliente a casa en su coche. “A veces gano más con este trabajo, que haciendo horas extra en Foxconn”, expone, mientras espera a que alguien solicite su servicio.
La incertidumbre sobre la escolarización, la atención sanitaria o la jubilación ha empujado tradicionalmente a las familias migrantes a ahorrar prácticamente todo lo que ganan. Por eso las autoridades chinas confían en que una mayor protección reduzca esa tendencia y estimule el consumo interno, una prioridad para Pekín en un momento en el que intenta que la economía dependa menos de la inversión y las exportaciones. Las nuevas directrices del Ejecutivo sobre el hukou indican expresamente que la reforma reviste “una gran importancia” para “liberar el potencial de la demanda interna y construir un nuevo modelo de desarrollo”.
Pero ese cambio obligará a revisar el reparto de recursos, y el texto oficial no señala una gran aportación adicional del Gobierno central. Los analistas de Trivium China creen que la factura seguirá recayendo en buena medida sobre gobiernos locales muy endeudados y con capacidades económicas profundamente desiguales, lo que, a su juicio, continuará frenando una reforma sustancial.
En opinión de Li, cambiar el hukou a Pekín, Shanghái, Guangzhou o Shenzhen “es ahora incluso más difícil que antes”, pese a las “promesas” que lleva “un tiempo escuchando”. Tampoco cree que las nuevas medidas resuelvan por sí solas la vida de una familia migrante. “Hay que ver si puedes permitírtelo. Llevar a tu esposa e hijos a una gran ciudad implica pagar una vivienda, alimentarlos y afrontar un coste de vida que no deja de crecer. En el pueblo, todavía es posible vivir sin apenas gastar”.
Internacional en EL PAÍS
