La política económica del Gobierno de coalición ha sido muy criticada por los empresarios españoles. “Intervencionista”, “contraria a la unidad de mercado”, “propia de regímenes autoritarios”, “asfixia normativa” o “trilera” son conceptos empleados por la CEOE para definir distintas propuestas del Ejecutivo en los últimos años. Esa críticas no se han repetido ante el instrumento para la regularización masiva de extranjeros pactada con Podemos, aprobada en el último Consejo de Ministros y que prevé formalizar la situación de en torno a medio millón de personas que ya residen en España. La organización que preside Antonio Garamendi no ha emitido un comunicado para valorar la medida, que apoya con algunas reservas, frente al respaldo entusiasta de la mayoría de patronales sectoriales consultadas por este periódico. La construcción, el campo, la dependencia, la hostelería o el transporte se frotan las manos ante las potenciales contrataciones que facilitará la regularización y que, consideran, ayudarán a sus negocios.
Apoyo sindical
UGT valora “positivamente” la propuesta de regularización de extranjeros. “Desde el punto de vista humano y de derechos, ninguna persona es ilegal”, indica el sindicato liderado por Pepe Álvarez en el comunicado que emitió al conocerse la decisión. “La regularización es un paso para afrontar la gran bolsa de empleo irregular que existe en nuestro país, que es estructural, parte del sistema de acumulación de beneficios en algunos sectores y genera espacios de explotación laboral”, agrega UGT, que reclama dotar de recursos extraordinarios a los servicios públicos de extranjería.
CC OO también reacciona con entusiasmo a la regularización. “En la derecha son perfectamente conscientes de que las personas sin papeles son vulnerables. Y no quieren ciudadanos, quieren esclavos. Es más fácil explotar a un temporero cuando no te puede denunciar”, dijo recientemente el jefe de CC OO, Unai Sordo. Considera que algunas patronales están de acuerdo con este tipo de regularizaciones porque “saben que pueden ser una herramienta para tirar a la baja los salarios”. “Esto hay que evitarlo y se puede evitar. Hay que garantizar la aplicación de convenios colectivos y esto se hace mejor si están legales que irregulares. Es un desafío de país que requiere intensas políticas públicas”, añadió. El sindicato ha anunciado que habilita sus sedes para ayudar a los migrantes que pidan la regularización y que activará vías de información telemática.
Las patronales del campo, de la construcción, de la dependencia o del transporte aplauden con entusiasmo la medida. CEOE expresa un apoyo tímido y se queja de que no pase por el Congreso
La política económica del Gobierno de coalición ha sido muy criticada por los empresarios españoles. “Intervencionista”, “contraria a la unidad de mercado”, “propia de regímenes autoritarios”, “asfixia normativa” o “trilera” son conceptos empleados por la CEOE para definir distintas propuestas del Ejecutivo en los últimos años. Esa críticas no se han repetido ante el instrumento para la regularización masiva de extranjeros pactada con Podemos, aprobada en el último Consejo de Ministros y que prevé formalizar la situación de en torno a medio millón de personas que ya residen en España. La organización que preside Antonio Garamendi no ha emitido un comunicado para valorar la medida, que apoya con algunas reservas, frente al respaldo entusiasta de la mayoría de patronales sectoriales consultadas por este periódico. La construcción, el campo, la dependencia, la hostelería o el transporte se frotan las manos ante las potenciales contrataciones que facilitará la regularización y que, consideran, ayudarán a sus negocios.
El argumento central de estas asociaciones empresariales para aplaudir la iniciativa es que ayudará a paliar la falta de mano de obra que dicen sufrir. Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), denuncia que ha habido campañas agrícolas “en las que parte de la fruta se ha quedado sin recolectar por falta de personal”. Considera que es una medida “necesaria y muy positiva” para su sector. “No tiene sentido que tú necesites personas para trabajar, ellos quieren hacerlo y no se pudiese por un tema administrativo”, opina Pere Roqué, presidente en Cataluña de la patronal agraria Asaja.
Esa lógica aplica calcada a otros sectores, como el transporte de viajeros. Rafael Barbadillo, presidente de Confebús, asegura que dado “el boom turístico que vive España” ha habido ocasiones en que ha tenido clientes dispuestos a viajar y vehículos disponibles, “pero no conductores para prestar el servicio”. En la principal patronal del transporte de mercancías añaden el matiz de que los empleados nacionales están menos dispuestos que los extranjeros a ponerse al volante de un camión. “Vemos que los migrantes vienen con muchas ganas y necesidad de trabajar, de ganar dinero. En larga distancia es donde más problemas tenemos, al ser el puesto más sacrificado y mejor remunerado, y vemos que ellos quieren hacerlo”, indica Miguel Pereira, asesor laboral de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).
Frente al argumento sindical de que con mejores salarios encontrarían más conductores, Pereira contrapone que, en su opinión, no es cuestión de dinero, sino de actitud ante este tipo de empleos. “Es un problema estructural, muy relacionado con un cambio de mentalidad que no solo afecta a España. Nuestros padres se sacrificaban más, cogían un camión y se pasaban varios días fuera de casa si hacía falta. Eso con los jóvenes de hoy es más complicado”, opina este representante patronal. Insiste en que entre los extranjeros sí es más habitual asumir ese tipo de sacrificios.
“O contamos con la inmigración o no sé quién nos va a cuidar. Es una gran oportunidad para el sector de los cuidados”, dice Rafael Sánchez-Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs). Asegura que su sector sufre un “déficit de personal evidente” y que van a necesitar unos 160.000 nuevos empleados en los próximos años para afrontar el envejecimiento de la población.
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, también mira al futuro para argumentar su respaldo a la regularización. “La valoramos positivamente para el sector, pero también en materia de derechos humanos y de aportación al Estado de bienestar mediante cotizaciones a la Seguridad Social. Es una respuesta a una demanda que la construcción expresa desde hace años: para cumplir con la ambiciosa política de vivienda que se marca este país necesitamos jóvenes, mujeres y sobre todo inmigrantes”, dice, antes de subrayar: “Muchos pueden venir de fuera, pero también los hay que ya están entre nosotros y debemos contar con ellos”. La otra pata del sector, las inmobiliarias, abundan en esa idea. ”Mientras haya un control de que vengan a trabajar nos parece bien, porque además son personas que necesitarán una vivienda y será negocio para la industria. Que venga gente a aportar y generar riqueza es una noticia buenísima“, opina el presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, Miguel Ángel Gómez Huecas.
Todos estos discursos parten de una premisa que no es compartida por todos los actores económicos: que España sufre un problema estructural de falta de mano de obra. Es un discurso que las patronales repiten desde hace años, pero que los sindicatos rechazan y que divide al Gobierno de coalición. Los representantes de los trabajadores argumentan que la falta de mano de obra se limita a sectores muy específicos y que el problema es que los empresarios no ofrecen condiciones laborales atractivas. Y ponen datos en la mesa: España sigue siendo uno de los países con más paro de Europa (9,9%) y su tasa de vacantes está a la cola de la UE (0,9%). Los empresarios contraponen que muchos de esos desempleados no aceptan las ofertas de empleos en los sectores con más necesidad de plantillas y que esos datos oficiales no reflejan la realidad de los sectores.
¿Qué piensa Garamendi?
La principal voz patronal de España, Antonio Garamendi, viene mostrando su respaldo a la regularización, pero con más peros de los que agregan las voces sectoriales. “Siempre hemos dicho que hay que incorporar gente por el problema de vacantes que tenemos en muchos sectores. Pasar a A lo que estaba en B no está mal. Dar espacio a gente que lleva años trabajando en España no es malo”, dijo este miércoles el presidente de la CEOE en un foro de El Español, antes de listar los problemas que ve en el planteamiento del Ejecutivo: “Echo de menos que se cuente con el Congreso. Dentro del diálogo social podíamos haber hablado de este asunto para ver cómo lo orientamos hacia el empleo”.
Fuentes empresariales que suelen chocar con Garamendi consideran que el perfil bajo de su respaldo, sin comunicaciones oficiales al respecto, obedece a una estrategia de contraposición con el Ejecutivo, con el telón de fondo de las elecciones en CEOE que se celebrarán a lo largo de este año. Esas fuentes creen que ahora no quiere proyectar una imagen de entendimiento con el Gobierno que le pudiese debilitar en esos comicios. Es el mismo argumento que esgrime Yolanda Díaz para explicar que la patronal no firme un acuerdo con su ministerio desde hace casi dos años.
En conversación con este periódico, la presidenta de Cepyme (la principal patronal de la pequeña y mediana empresa) y también vicepresidenta de CEOE, Ángela de Miguel, lanza un mensaje parecido al de Garamendi: “Esta regularización es una oportunidad para que estas personas se integren en la sociedad española y cubran el problema de vacantes que sufren las pymes, que lo tienen más difícil para competir que las grandes empresas”. Y matiza: “Decisiones tan importantes siempre deberían estar consensuadas. Es importante hablarlo en el Parlamento porque las regulaciones que salen con acuerdos son más estables”.
La gran patronal catalana, Foment del Treball, aparca esos matices y subraya que la regularización “es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado de trabajo y la continuidad de la actividad productiva”, opina la directora laboral de Foment, Yésika Aguilar. Entre las escasas voces claramente discordantes está la de otra gran patronal autonómica, la madrileña CEIM. “Las empresas necesitan mano de obra para cubrir vacantes en determinados sectores, y, en muchos casos, la inmigración puede ser la respuesta, pero la regularización masiva y sin criterios claros, como la que plantea el decreto, puede generar más problemas que soluciones, especialmente para las comunidades autónomas, con las que no se ha contado, que asumen el impacto en empleo, servicios públicos y recursos”, dice el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido.
Respecto a esa última idea, la patronal Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) sostiene que la regularización “aumentará el número de ciudadanos con derecho a una asistencia sanitaria integral”. Esta asociación empresarial ve la oportunidad de negocio que implica la medida: “Este escenario, con un sistema sanitario ya tensionado, implica una mayor corresponsabilidad sanitaria de actores y recursos de manera coordinada y conjunta. Desde ASPE tendemos la mano a las administraciones públicas para aportar nuestros recursos en caso de ser necesarios”.
Homologaciones de títulos
Los extranjeros son el 14% de los afiliados a la Seguridad Social, según los últimos datos distribuidos por el Gobierno. Hay sectores en los que, aunque su participación crece poco a poco, apenas tienen presencia. Son los de mejores salarios y jornadas más cortas, como la Administración pública (1,4%), la educación (4,8%) o el suministro de energía (5%). Son muchos más en los que rondan el salario mínimo y registran las jornadas pactadas más largas, como el empleo en el hogar (43%), el campo (39%) o la hostelería (29%).
Una de las principales voces patronales de esa última actividad es la de Emilio Gallego. “Como sector afectado por la falta de profesionales vemos bien la regularización, es una oportunidad. Pero nos parece una pena que se tenga que llegar a este punto, como otros gobiernos de otros colores antes”, opina el secretario general de Hostelería de España. Cree que en vez de una regularización masiva como la que se abre ahora debería haber “canales de migración ordenados y dignos para las dos partes, con selección y formación en origen”. “Es lamentable que esta pobre gente haya tenido que vivir periplos para llegar aquí y estar tanto tiempo esperando para que les regularicen. Lo ideal es cuantificar las necesidades sectoriales y que lleguen de forma ordenada”, dice Gallego.
Francisco Aranda, de la patronal logística y de transporte UNO, crítica que la regularización “no esté ligada a ofertas de empleo ni itinerarios de formación”. Y subraya un aspecto que también destacan las otras patronales del transporte: los extranjeros regularizados no podrán incorporarse directamente a su sector, sino que tendrán que hacer una inversión en permisos y habilitaciones para la que piden colaboración al Ejecutivo. “Ya hay políticas de bonificación, pero necesitamos más. Queremos más ayudas en ese sentido”, indican desde CETM, la patronal del transporte de mercancías.
La falta de habilitación también preocupa a los empresarios de la dependencia. “Para trabajar en las residencias es necesario un certificado de profesionalidad. No se ha avanzado apenas para ayudar a los extranjeros a que lo consigan”, denuncia Sánchez-Ostiz, que también pide mayor agilidad en la homologación de títulos superiores de los países de origen. Esta es una de las grandes reivindicaciones de la comunidad migrante, un cuello de botella que mantiene a miles de extranjeros en sectores por debajo de su cualificación. “Si las personas que se vayan a regularizar no tienen la titulación requerida, no podrán impartir docencia”, agrega Luis Centeno, secretario general adjunto de una de las principales patronales educativas, Escuelas Católicas.
El representante de CEAPs concede que la regularización puede detraer personal del cuidado a domicilio. Es decir, que las personas que ahora trabajan en B atendiendo a personas mayores se marchen a otros sectores menos sacrificados: “Evidentemente es una posibilidad”. Ese escenario también es previsible en el empleo en el hogar, como alerta Ana Garrido, presidenta de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD): “Esta regularización va a dar la oportunidad a muchas familias de contratar a profesionales a las que no podían dar de alta. Esperamos que muchas regularizaciones se conviertan en contratos reales, pero a la vez habrá quienes se vayan a otros sectores porque este no es un sector tan atractivo en condiciones laborales”.
Las patronales del campo creen que la mayoría de trabajadores que van a incorporar tras la regulación no ejercían en el sector, dado que “la contratación de personas sin documentación es muy residual porque la presión de Inspección en el medio rural es muy alta”, dice Góngora, de COAG. “Las sanciones son muy elevadas. Puede haber alguna situación puntual, pero nadie se juega su patrimonio por esto”. Insiste Roqué, de Asaja: “Hay casos en los que la documentación que nos entregan está manipulada y no podemos saberlo. En esos casos la responsabilidad no es nuestra, no somos la policía”.
Según los últimos datos de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 2024 hubo 1.266 infracciones por empleo irregular de extranjeros en el campo. Fue el cuarto sector con más incumplimientos, seguido de la construcción (1.340), los servicios (1.467) y la hostelería (3.538). Cabe destacar que la Inspección apenas tiene capacidad para captar las irregularidades en el empleo doméstico (solo hubo 222 infracciones en 2024), dada la imposibilidad de acceder a los hogares.
A la vez, varios empresarios piden que el Gobierno vaya más allá en política migratoria con un un refuerzo del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Es una lista de profesiones para las que las empresas pueden contratar en terceros países porque la autoridad laboral acredita escasez de empleados. Hace más de dos años el Gobierno —dividido entre la visión de la Seguridad Social, que reclama ampliarlo, y Trabajo, reticente y alineado con los sindicatos— se abrió a expandirlo ligeramente, con la inclusión de algunas profesiones técnicas de la construcción. Los especialistas vienen destacando que apenas ha funcionado, pero el ministerio de Elma Saiz sigue buscando fórmulas para reforzarlo e incluir nuevas ocupaciones.
Apoyo sindical
UGT valora “positivamente” la propuesta de regularización de extranjeros. “Desde el punto de vista humano y de derechos, ninguna persona es ilegal”, indica el sindicato liderado por Pepe Álvarez en el comunicado que emitió al conocerse la decisión. “La regularización es un paso para afrontar la gran bolsa de empleo irregular que existe en nuestro país, que es estructural, parte del sistema de acumulación de beneficios en algunos sectores y genera espacios de explotación laboral”, agrega UGT, que reclama dotar de recursos extraordinarios a los servicios públicos de extranjería.
CC OO también reacciona con entusiasmo a la regularización. “En la derecha son perfectamente conscientes de que las personas sin papeles son vulnerables. Y no quieren ciudadanos, quieren esclavos. Es más fácil explotar a un temporero cuando no te puede denunciar”, dijo recientemente el jefe de CC OO, Unai Sordo. Considera que algunas patronales están de acuerdo con este tipo de regularizaciones porque “saben que pueden ser una herramienta para tirar a la baja los salarios”. “Esto hay que evitarlo y se puede evitar. Hay que garantizar la aplicación de convenios colectivos y esto se hace mejor si están legales que irregulares. Es un desafío de país que requiere intensas políticas públicas”, añadió. El sindicato ha anunciado que habilita sus sedes para ayudar a los migrantes que pidan la regularización y que activará vías de información telemática.
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